Campaña de Juventudes Socialistas de España para la prevención de la violencia de género desde el noviazgo. Si te trata mal, si te golpea, no te quiere. Quiérete tú, denúnciale.

                                                                                                                                                                                        016:  MALOS TRATOS

Ayer leía en la prensa acerca del extraño caso de dos prófugos de la Justicia española que residen en Francia con domicilio fijo pero que, por alguna extraña razón, las autoridades francesas se han visto incapaces de localizar para extraditar a España. El plazo en el que debían comparecer en la Audiencia de Barcelona fue ampliamente sobrepasado. Las autoridades españolas se pusieron entonces manos a la obra para dictar orden de busca y captura contra ellos. Sin embargo, parece que, por lo que se desprende de los periódicos, ni siquiera fiscales, jueces y funcionarios policiales parecían estar seguros de que los dos hombres fueran a aparecer.

Christian Piazzole y Rachid Chaouati, ambos de nacionalidad francesa y de origen corso y argelino respectivamente para más señas, fueron detenidos en Manresa por posesión de armas de guerra y, por tanto, claramente ilegales en el ámbito civil. La actitud del país galo puede comprenderse algo mejor si se tiene en cuenta que los dos hombres estaban bajo órdenes directas del general Phillipe Rondot, director que fue de la DGSE, la Dirección General de la Seguridad Exterior, el servicio de inteligencia francés. Chaouati, al parecer, era un enlace que no debía de trabajar a tiempo completo para la agencia y que hizo de enlace de Piazzole, de ahí que fuera el primero a quien detuvieron los Mossos d’Esquadra con las manos en las armas. Es posible que el corso se desplazara a territorio español con la misión de cometer un asesinato selectivo contra un terrorista islamista o independentista corso.

Cuando leí varias noticias sobre el caso, no pude evitar acordarme del malestar generado en el juez francés que investigaba los asesinatos cometidos presuntamente por el GAL en su territorio por el supuesto encubrimiento de Amedo y Domínguez que llevaron a cabo las autoridades españolas, obstaculizando de este modo las tareas judiciales para esclarecer los hechos ocurridos en Bayona y otras localidades. Aunque el GAL fuera en sí misma una organización ilegal que practicaba el terrorismo, creo que una operación de asesinatos selectivos por parte de un cuerpo de seguridad de un estado democrático que supuestamente está sujeto a Derecho, como todas las instituciones, en un país extranjero es sumamente grave, en primer lugar, por el hecho de cometer un asesinato en un país donde ni siquiera rige la pena de muerte y, en segundo lugar, por ser un caso de espionaje e injerencia extranjera y, por ello, un posible atentado contra la seguridad de un país.

El caso de los dos agentes franceses me parece considerablemente más grave que lo sucedido con los GAL si nos atenemos exclusivamente al contexto. A principios de la década de los ochenta, aún se necesitaba pasaporte para pasar de España a Francia o viceversa, existían puestos fronterizos fuertemente vigilados. Una persona sabía que había entrado en territorio extranjero al cruzar la frontera. Dos estados con intereses harto distintos, pese a su vecindad no siempre coincidentes y, si se examinan las circunstancias y razones que dieron origen a la formación de los GAL, hasta diametralmente opuestos. No obstante, en 2009, no existiendo tal frontera, con libertad plena de tránsito de personas y mercancías, independientemente de que hablamos de dos estados soberanos distintos con disparidad de intereses e información reservada, qué duda cabe, se obstaculice la labor de la Justicia de un modo tan evidente en casos tan graves como es el de acabar con la vida de una persona.

Siendo al que nos referimos un caso puntual, nos presenta, pese a todo, la disyuntiva de si quienes nos interesamos por y participamos de la política, al nivel que sea, nos creemos en realidad la Unión Europea, en el más estricto sentido de la palabra o sólo en lo que respecta a las bellas palabras y a los vistosos formalismos. Problemas como estos, invitan a meditar seriamente sobre la viabilidad de un servicio diplomático propio de la Unión.

El hecho de que tan sólo 4 de los 21 países que han anunciado a día de hoy el nombre de su aspirante para integrar la futura Comisión Europea hayan elegido como candidata a una mujer ha levantado una considerable polvareda entre altas funcionarias y eurodiputadas de la Unión. No están solas. A su reivindicación se han sumado también compañeros, y, juntos, han comunicado la intención de bloquear al Ejecutivo que ha de surgir del Tratado de Lisboa. El hecho ha puesto en tela de juicio la escrupulosa igualdad que, se decía, inspiraba institucionalmente a los organismos de la Unión Europea. Desde diversos sectores se preguntan con más o menos inquietud el por qué de esta distribución de poder en un continente en el que, según sostienen algunos -y mucho me temo que algunas- en materia de igualdad, estaba todo hecho.

Las cifras, sin embargo, desmienten semejante afirmación. En el funcionariado de la Administración comunitaria, el número de mujeres desciende notablemente en las escalas intermedias y en los puestos considerados del alto funcionariado, su presencia se recorta drásticamente. Una vez que se da esta situación y teniendo en cuenta que son hombres quienes distribuyen el poder y, para más señas, conservadores, por no hablar de políticos que se limitan a devolverse favores unos a otros en los nombramientos, las consecuencias son predecibles.

Las mujeres suponen aproximadamente el 53% de la población de todos los países de la Unión Europea, sin embargo, las políticas de igualdad brillan por su ausencia o se limitan a cuatro gestos simbólicos. La composición de parlamentos, asambleas, gobiernos locales y otros órganos representativos institucionales, así como los consejos de administración de las empresas, no atiende a ningún criterio de paridad, a excepción de cinco países de la Unión, entre los que se encuentra España. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es, de hecho, el único que mantiene una paridad absoluta, 50 a 50, y que posee un mayor número de mujeres al frente de los ministerios. Datos como éstos son los que deberían hacer que la ciudadanía española fuera por el mundo con la cabeza bien alta.

La noticia aparecida hoy en los diarios y a la que nos referimos, debería de terminar de enterrar para siempre otro mito del neoliberalismo y que ha resultado ser tan falso como la vigencia en nuestros días del modelo económico de Adam Smith. El avance hacia la igualdad de género no se produce por arte de magia ni por ningún tipo de mano invisible que regula los mercados y las relaciones entre las personas. Es un insulto a la inteligencia, es ilusorio de todo punto, pensar que el dominado puede deshacerse del yugo del dominador por el mero hecho de poseer eso que los neoliberales llaman “libertad”, una libertad que no es tal, ya que no es igual aquella de la que puede gozar alguien en posición de privilegio que aquella de la que puede disponer una persona sujeta a una serie de condicionantes económicos y sociales desde la cuna.

De la misma manera que la presente crisis económica ha demostrado la necesidad de regular seriamente los mercados financieros y las relaciones laborales, también ha venido a mostrar meridianamente cómo en los momentos complicados la igualdad entre personas se convierte en una cuestión siempre aplazable y nunca abordada. Por tanto, al igual que los derechos laborales y sindicales no vinieron por obra y gracia de la patronal, es necesario movilizarse y legislar con una voluntad política clara en favor de la igualdad real, efectiva y plena entre mujeres y hombres. Lo ocurrido en la UE se podría haber evitado, a buen seguro, mediante un sistema de cuotas. Es evidente que este sistema no es la panacea -como ninguno lo es- y que tampoco podemos quedarnos estancados en esto pero es, sin duda, y como puede comprobarse con los datos en la mano, un instrumento muy útil para comenzar a normalizar la presencia de las mujeres en los ámbitos de poder, para llevar a cabo eso que se conoce como empoderamiento de las mujeres.

Hay personas que insisten en que las cuotas pueden ser un coladero de mediocres, refiriéndose seguramente, entiéndase, al peligro de que ocupen puestos mujeres poco preparadas; a mí, sinceramente, me preocupa mucho más el número de mediocres, medradores y malintencionados que sólo durante todo el siglo pasado han ocupado puestos en parlamentos y ministerios de todo el mundo por no reparar -o no querer hacerlo- en la otra mitad de la especie humana.

En los tres últimos días hemos podido leer varios análisis políticos y diversas declaraciones con motivo de la celebración del XVIII Congreso del Partido Comunista de España. He de decir que el desarrollo de este cónclave, como ciudadano, me ha dejado como estaba antes de celebrarse: sin tener claro a dónde quiere ir a parar el PCE y, por derivación, Izquierda Unida. Las declaraciones de dirigentes históricos, entrantes y salientes, son la viva imagen del materialismo dialéctico, con la diferencia de que, esta vez, de la tesis y la antítesis no ha surgido la síntesis, sino que se ha quedado con los dos primeros factores puestos en el mismo plano, dejando a los dos elementos conviviendo en alegre contradicción.

Trataré de explicarme un poco mejor: cada discurso dirigido a un auditorio, cada columna escrita en el periódico y cada comentario dirigido a los medios por parte de dirigentes comunistas españoles, exhiben un deseo de salir de la crisis y acercarse a la ciudadanía con medidas que, muy a su pesar, los acercan a la socialdemocracia escandinava, para pasar, acto seguido, a descartar cualquier entendimiento con otras fuerzas de izquierda tradicionalmente socialdemócratas y negarse a romper con el pasado más inmediato de los regímenes comunistas del siglo XX. Esta postura, al menos vista desde fuera, parece configurar el ADN de partidos comunistas europeos occidentales como pueda ser el español y es posible que esté detrás de la crisis política cada vez más acuciante en la que se han visto sumidos por la disminución de sus apoyos.

Esta tendencia afecta en toda Europa porque, para mejorar, conviene no engañarse: Die Linke -La Izquierda- en Alemania, se está beneficiando de la novedad y de la fuga de votos de un SPD que bien podría fundirse con la CDU de Angela Merkel. La mayor parte de votantes de Die Linke no se ha escorado más a la izquierda por obra y gracia de Lenin, sino que permanecen en el mismo espacio político y han cambiado el sentido de su voto por la necesidad de recuperar el programa e ideología basados en ese marxismo posibilista que en su día fue el Partido Socialdemócrata Alemán. Y, en España, hasta donde yo sé, la Ley Electoral que pretende modificar Izquierda Unida por favorecer la partitocracia y el bipartidismo -postura absolutamente comprensible y legítima- es la misma que se encontraba vigente en el año en el que la IU de Julio Anguita obtenía un resultado histórico, con 21 diputados en el Parlamento.

Todos los que han intervenido en el XVIII Congreso de un modo relevante, han subrayado la necesidad de control de los mercados, de una fiscalidad progresiva y realmente equitativa, que grave las rentas más altas. Todo ello sumado a las proposiones grandilocuentes de turno que hacen pensar que, desde fuera del escenario y sin enfrentarse a un público hostil, todo se ve mucho más fácil, como aquellas que sirven para criticar furiosamente al Gobierno por las “ayudas” otorgadas a las entidades bancarias que, al fin y al cabo, las han utilizado, según ellos, para enriquecerse y obtener unos beneficios por valor de unos 6.000 millones de euros este año. Puede que el mantenimiento de estas posiciones sean las que alejan a este tipo de formaciones de la ciudadanía. Las recetas más realistas a las que acabo de referirme se encuentran ya en el ADN de cualquier partido socialista o socialdemócrata europeo, con todos los “peros” y matices que se quieran. De hecho, la militancia de base de estos partidos está reaccionando contra las veleidades socioliberales de sus compañeros que ostentan mayor poder y un cargo público -habría que observar también si el pragmatismo en una Europa por completo derechizada obliga al PSOE, por ejemplo, a buscar eso que llaman el “centrismo” para no quedarse aislados- por lo que basar todo un programa político en una labor que ya hacen las bases de los partidos citados es trabajar dos veces y, por tanto, algo poco práctico. A esto habría que sumar esa tendencia acusada a, cuando parece que se ve una semejanza con las ideas más básicas del PSOE, pasar a hacer una declaración en la que se pide poco menos que la luna. Las ”ayudas” a los bancos son una patada desde el punto de vista ideológico a los postulados de la izquierda, lo reconozco, pero tampoco conviene perder de vista que, si una entidad financiera quiebra o decide suspender pagos quien se va a pique a continuación es la trabajadora/or que pierde automáticamente los ahorros de toda una vida y, en este sentido, creo que los intereses laborales son los que deben primar por encima de todo aun a costa de tragarnos nuestro orgullo en este caso.

A esta contradicción en lo práctico, habría que añadir que los objetivos no se corresponden con los métodos, al menos en el plano teórico. Es realmente llamativo afirmar que se poseen los medios y las ideas para proporcionar una alternativa radicalmente anticapitalista, de ruptura total con el actual modelo económico y político vigente, para pasar luego a participar del reformismo que es, a la fuerza, gradualista, pactista y posibilista. La postura internacional parece participar, igualmente, de una contradicción de índole parecida: el mismo Francisco Frutos, Secretario General saliente, manifestaba su negativa rotunda a celebrar la caída del Muro de Berlín porque no se pedía de forma clara y decidida, a su entender, la destrucción del muro con el que el Estado de Israel se ha dedicado a aislar a la Franja de Gaza; Cayo Lara llegó a decir que la dictadura castrista en Cuba es, simplemente, un régimen diferente de libertades cuando acudió, si mal no recuerdo, a visitar al Presidente de Palestina Mahmud Abbas, y, acto seguido, el mismo Frutos declara que no debería existir ningún tipo de muro entre seres humanos.

El determinismo economicista del que, a mi juicio, hace gala a día de hoy el PCE e IU, dejando de lado u obviando la defensa de los avances sociales y de los derechos civiles porque eso es algo que viene dado con una mayor igualdad económica, que va intrínseco en el propio desarrollo de una sociedad o que es algo más “socialdemócrata” como he llegado a escuchar a personas situadas ideológicamente en torno a IU en mi entorno más próximo, me hace preguntarme si se ha producido realmente una ruptura ideológica con los regímenes comunistas del mundo, que han creado más problemas de los que han solucionado, favoreciendo la instalación, a su caída, de regímenes de capitalismo salvaje y de rapiña, quizá porque los sistemas mal llamados del “socialismo real” no eran, en realidad, otra cosa que una forma de capitalismo de estado en la que un patrón único y un entramado empresarial monopolista -el Estado- explotaba por igual a una clase obrera y campesina empobrecida a la que, además, se le desposeyó de los derechos sindicales más básicos.

Hay quien puede preguntarme por qué me entrometo donde no me llaman, los de un lado o por qué tanto interés en una formación a punto de desaparecer del Congreso, por parte del otro lado, pero es que la actual situación política de IU y del PCE es una problemática que debería preocupar sin excepción a toda la izquierda europea y, en particular, a la española. Escenifica el callejón sin salida en el que parece encontrarse la izquierda en su conjunto, la cual debería presentarse como antídoto al neoliberalismo. Y, quizá, lo que es peor, da la sensación a la ciudadanía de que, hoy por hoy, no hay otra alternativa de izquierda posibilista realmente solvente, de tal manera que, quien no quiera PSOE, tendrá que soportar el regreso del PP, de la tenaza neoliberal y reaccionaria sin complejos, todo ello porque no hay una alternativa “rojiverde” realmente efectiva y clara en sus posicionamientos. Y es que, como militante socialista, me gustaría incidir durante las campañas electorales en el programa que defiendo y comparto, como cualquier otra formación política en una democracia madura, y no sólo en el peligro de la vuelta de una derecha no ya conservadora, sino reaccionaria.

Imagen dedicada a los “tolerantes” como Güemes. No queríais caldo, pues ahí van tres tazas.

Me siento orgulloso de informar, tratando de crear opinión, como es el deber de quienes escribimos para Progreso 21,  de sucesos como el siguiente. Dos jóvenes hasta hoy anónimos en España han visto hoy sus nombres escritos en el diario gratuito 20 minutos y el fruto de su labor maratoniana de las últimas cuarenta y ocho horas, plasmado a toda página en la sección de noticias de la Comunidad de Madrid del diario El País o un espacio pequeño pero no por ello desdeñable en Público, que por lo que se ve, hubo de dar la noticia antes de la salida del diario a los quioscos. Antonio Cartier y Juan Pérez, blogueros por convicción y vocación, han llevado a cabo una labor épica de periodismo y comunicación en la Red de redes. Con el destape de la verdadera actitud del dirigente del PP madrileño, Juan José Güemes, han dignificado la labor periodística y han demostrado que Internet permite un uso humano y elevado de las nuevas tecnologías, que, como tantos otros instrumentos, tienen su bondad o perversión en la intención de quien lo utiliza.

Puede que buena parte de la opinión pública y su círculo de amistades no sean conscientes de la trascendencia de su acción. No sólo dos jóvenes comunes y corrientes han demostrado las falacias y el verdadero tono ideológico de un politico que hace y deshace desde el cheque en blanco que otorga la mayoría absoluta sino que, además, han puesto al descubierto a través de un caso particular la necesidad de reflexionar desde la sociedad civil y por parte de la ciudadanía sobre una miseria intelectual desde el punto de vista ideológico que hacen pensar seriamente si con Franco, como tantos nos quieren hacer pensar, murió el franquismo. La demostración empírica de un hecho existente, objetivo, puesto a la vista de todos, no ha hecho sino confirmar lo que buena parte de la opinión pública cree y, por desgracia tantas veces, no comenta en voz alta: España carece de una derecha verdaderamente democrática en sus más profundas ideas, prácticas políticas, discurso y en la relación con las instituciones.

Juan José Güemes, en un rapto de humor peculiar, trató de escribir un Diccionario progresí con aportaciones de su propia cosecha y, según el mismo asegura, de lo que desearan aportar ciudadanos que simpatizaban con su causa que, a grandes rasgos, no soy capaz de resumir con otro lema que no sea “arrasa -verbalmente al menos- todo lo que no entiendas”. En esta joya de la lingüística derechista se define a la feminista -dan por hecho que sólo puede ser mujer- como aquella persona de sexo femenino que inventa términos para compensar su complejo de inferioridad. También contiene algún que otro zurriagazo a la cultura española haciendo mofa y escarnio de buena parte de las y los artistas españoles que no comparten su ideología política. Pero lo que se lleva la palma es la definición de gay como “homosexual con estudios que, aprovechándose de su formación, consigue subvenciones del Estado con la aquiescencia de todos los partidos de izquierda”. En un intento desesperado a la par que poco elegante, trató de ocultar su acción cuando un internauta, Juan Pérez, recriminaba su actitud, borrando la entrada de su peculiar glosario, y contestando a este mismo internauta simulando no saber a lo que se refería.

Pero el 2.0 es transparente para quien sabe moverse por él, no entiende de mayorías absolutas ni de bravuconadas en la Asamblea Regional. Siguiendo el rastro de la cuenta de Twitter que el yernísimo de Fabra ”privatizó” -cree que todo funciona como la Sanidad madrileña bajo su mando- y el pantallazo realizado en un alarde de prudencia, nuestros activistas cívicos han reunido pruebas irrefutables que han -y todavía habrán- de circular por las redacciones de toda España. Tanto en el blog de Antonio Cartier como en Digresiones 3.0, se podrá obtener una relación pormenorizada y objetiva de lo ocurrido, desgranando datos y presentando el cuerpo del delito.

El denominado franquismo sociológico sigue entre nosotras y entre todos nosotros. Con este término se alude a un residuo ideológico todavía no excretado por la sociedad española y que permanece aún, después de casi treinta y cinco años de la muerte del dictador, provocando indigestión. El franquismo sociologico se manifiesta en esos comentarios aparentemente inofensivos para una buena parte de la población, normalizados en la vida diaria pero que delatan la presencia de una derecha que todavía está por hacerse en el marco de un régimen constitucional. Aunque detrás de toda sigla se agrupan individuos, personas diferentes unas de otras, no podemos obviar el hecho de que esas mismas personas se agrupan en torno a intereses y valores comunes en sus líneas más generales. La actitud de Güemes no hace sino recordarnos que este Partido Popular que ahora se arroga para sí el protagonismo de la Transición española, es una refundación de la Alianza Popular de Manuel Fraga, que en su día se opuso con vehemencia primero a las reformas encaminadas a desmantelar los resortes fundamentales de la administración franquista y, más adelante, a buena parte de los artículos más fundamentales de la Constitución española de 1978 y cuya defensa e interpretación reclaman para ellos en exclusiva.

Gracias a dos avezados blogueros, buenos amigos y mejores personas, puedo cerrar esta pequeña columna sin un alegato crispado y sin mesarme los cabellos clamando contra lo que a buen seguro es la derecha más reaccionaria de Europa. Por supuesto, eso sí, dejando en el aire la pregunta de si Güemes debería responder judicialmente por las lindezas vertidas haciendo uso deliberado de su autoridad, posición y prebendas que le ofrece el cargo que ostenta. Pero hoy, sobre todo, quiero agradecer a estos dos valientes su labor, gracias por poner luz en la oscuridad, por poner buen olor entre tanta pestilencia cañí, muchas gracias, en definitiva, por arrancar una sonrisa y relajar el rostro de algunos ciudadanos conscientes cuando nos encaminamos en el transporte público a nuestros lugares de trabajo y estudio con el periódico bajo el brazo.

Publicado en Progreso 21

Juventudes Socialistas de España lanza una nueva campaña donde el apoyo inequívoco a favor de la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El vídeo forma parte de una campaña donde se desmontan los escasos argumentos de las asociaciones fundamentalistas católicas y del Partido Popular. Porque la solución a un problema radica en afrontarlo con sinceridad y de frente, en lugar de esconder la cabeza para luego actuar de tapadillo, con soluciones hipócritas. Un buen golpe ético, sin lugar a dudas, a la doble moral de talonario y sacristía.

Con las más jóvenes, por su DERECHO a decidir.

Queridas lectoras, queridos lectores. Creo que quienes leéis mi blog o mis artículos a menudo no habréis podido contabilizar ni una sola palabra soez o fuera de tono. Ahora, por el contrario, creo que la situación lo está pidiendo a gritos. Os voy a explicar, si me lo permitís, las diferencias entre negativo, pésimo y jodido. Negativo es que un joven socialista sostenga ideas socioliberales, pésimo es que esa misma o ese mismo joven sostenga ese tipo de ideas porque confunde socioliberalismo con socialdemocracia y jodido es que esa o ese joven se esté licenciando en Ciencias Políticas. Este caso se da actualmente en la organización política a la que me honro de pertenecer, si bien, por el momento, no es generalizado.

No obstante, creo que es para empezar a alarmarse, porque, si las tendencias socioliberales arraigan demasiado en jóvenes que habrían de ser vanguardia y recambio generacional, puede que la socialdemocracia, tal como la conocemos actualmente, esté en peligro de extinción si atendemos a lo que observamos en nuestras y nuestros compañeros de partido. El socioliberalismo más que ser una ideología es más bien un estado de transición en el que se empieza renunciando a propuestas socialdemócratas en materia económica para acabar abrazando las proposiciones claves del pensamiento neoliberal en materia social, y lo que es infinitamente más grave, sin ser muchas veces conscientes de lo que estamos haciendo. Se empieza por asumir de rondón las recetas de las formas del capitalismo más destructivo y especulador para terminar obviando, por inercia, las ideas que en materia de bienestar, progreso y derechos civiles nos distanciaban hasta ahora de la derecha.

Todo esto viene al hilo de la aprobación de la reforma que pretende el endurecimiento de la Ley de Extranjería que el Gobierno piensa sacar adelante con los votos del Grupo Parlamentario Socialista, Convergència i Unió y Coalición Canaria. Pierde de este modo el PSOE una excusa muy socorrida para justificar el voto a favor en la llamada Directiva de la Vergüenza que tuvo a ponentes tan destacados como Sarkozy y Berlusconi: el Grupo Socialista en la Eurocámara pensaba votar mayoritariamente a favor para no quedarse solo frente a liberales y democristianos que podían boicotear propuestas venideras. Hemos dejado a nuestro Gobierno socialista solo ante el peligro. Y por tecera o cuarta vez en lo que va de año vuelve a girar a la derecha; lo peor, en este caso, es que ni siquiera se ha molestado en amagar una salida por la izquierda.

La justificación más sólida que se les ha ocurrido a las compañeras y compañeros del Grupo Socialista es que no se puede dar papeles para todo el mundo. Aparte del tufo derechón que tiene esta afirmación, que a estas alturas roza la categoría de cliché, no nos han descubierto nada nuevo.

La nueva ley pretende limitar el reagrupamiento familiar, lo que significa que la o el inmigrante tendrá que llevar residiendo cinco años en España para traer a su cónyuge -aun no existiendo vínculo matrimonial-, a las hijas e hijos siempre y cuando sean menores de dieciocho años y a los padres que superen los sesenta y cinco años de edad. Esta limitación puede ser comprensible hasta cierto punto, más en tiempos de crisis y porque todo proceso migratorio requiere una adaptación del individuo y la integración social -vital si queremos evitar la formación de ghettos- por lo que una venida en masa -que nunca se produce pese a las advertencias de voces agoreras- puede facilitar las cosas a los explotadores de turno al contar con ingentes cantidades de población desarraigada. Por otra parte, no es menos cierto que las posibilidades de reagrupamiento actuales podían ser una oportunidad para que la persona pudiera mantener a su familia aquí y no enviar remesas a su país que, aparte de los costes para la o el inmigrante, es dinero que no se queda en España. Además, al paso que llevamos en lo que al envejecimiento de la población autóctona se refiere y la baja tasa de natalidad, la población inmigrante es decisiva a la hora de contribuir a la Seguridad Social para pagar las pensiones venideras de nuestros padres y las de nosotras y nosotros mismos.

Los aspectos más novedosos de la Ley son casi una réplica dulcificada de la política de inmigración de Sarkozy, como mínimo. La nueva Ley de Extranjería amplía el plazo de internamiento en un centro especialmente designado para el inmigrante sin papeles de cuarenta a sesenta días. En este tiempo, permanece recluido, incomunicado y, dado que no se le acusa de ningún delito concreto, sin posibilidad de recibir asistencia legal ni asesoramiento jurídico. Se pueden imponer multas de hasta 10.000 euros a quien favorezca la estancia de una persona extranjera en situación irregular, así se pretende -se argumentará- evitar que alguien dé cobijo a inmigrantes para poder utilizarlos como mano de obra sin derechos, pero creo que esto incidirá en la ruptura de cualquier lazo de solidaridad con la persona que se persigue y que ha cometido, presuntamente, una infracción administrativa, no un delito. Sin embargo, la disposición más deleznable, sin lugar a dudas, es la que echa por tierra la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Plan Integral contra la Trata que han sido aprobados por el mismo gobierno que ahora pretende que, mediante esta reforma, las mujeres extranjeras que denuncien violencia de género puedan ser expulsadas sin contemplaciones si se encuentran en situación irregular y, supongo que por derivación, a las mujeres que se atrevan a escapar y denunciar a las mafias que las han traído ilegalmente a España para utilizarlas como esclavas sexuales. Nos hemos coronado, compañeras y compañeros de partido. Suma y sigue.

Hoy está prevista la aprobación en Luxemburgo por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión el proyecto de creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). El Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, deberá presentar en el plazo de un mes su organigrama y funcionamiento, los cuales deberán ser aprobados por el Consejo y el Parlamento Europeo. Se ha observado que éste era el momento oportuno, sin lugar a dudas, por las recientes promesas del Presidente de la República Checa, Václav Haus, de firmar de una vez por todas el Tratado de Lisboa.

El Servicio Exterior de la UE es un esfuerzo conjunto por disponer de un organismo que aglutine y defienda los intereses internacionales de los socios de la Unión. Está previsto que cuente con un total de 130 embajadas e integrado por varios millares de funcionarios procedentes de la Comisión Europea y los estados miembros. El nuevo organismo contará con 6.700 efectivos en el exterior de los cuales, entre un 30% y un 40 % aproximadamente, serán diplomáticos de carrera de los estados miembros. Se pretende, en principio, que sean los diplomáticos más experimentados y con una trayectoria profesional más destacada quienes ocupen un puesto en las embajadas, de tal manera que estos porcentajes serán nutridos con funcionarios de carrera británicos que actualmente o en algún  momento hayan sido destinados a los antiguos territorios que en su día formaron parte del imperio colonial del Reino Unido, a los franceses destacados en el Magreb y Oriente Medio o alguno de los embajadores españoles con destino en Latinoamérica.

La ardua labor llevada a cabo por Javier Solana, ha contribuído notablemente a construir sólidos cimientos para este proyecto. La experiencia de quienes han trabajado en este ámbito ha sido de gran utilidad a la hora de sumar esfuerzos e intereses de los distintos países miembros para emitir una respuesta conjunta y definir unos intereses comunes de cara a la comunidad internacional. Sin embargo, las competencias y el ámbito de actuación del nuevo organismo, están siendo objeto de largas discusiones, siendo de esperar que continúen a lo largo de este mes. Quizá cabría hablar, más bien, de controversia, porque existen dos posicines básicas en torno a este tema la llamada maximalista y la minimalista.

La minimalista abogaría por un Servicio Exterior europeo que tan sólo se ocupara de las labores de diplomacia y defensa en sentido estricto, mientras que la postura maximalista defendería la extensión de las competencias de este organismo al desarrollo y el comercio. Puede que, como en tantos otros aspectos de la vida y la política, la solución esté en un término medio. Lo idóneo sería un servicio diplomático unificado que se dedicara estrictamente a la defensa de los intereses de la UE en el ámbito exterior, pero teniendo como objetivo último la cooperación y el desarrollo, ampliando sus competencias hasta donde fuera necesario para ocuparse de esos dos aspectos de las relaciones internacionales.

Tanto las dos visiones vigentes actualmente del proyecto como la que planteamos aquí tienen un poso ideológico y es importante no engañarse en ese aspecto. Los planteamientos que actualmente se encuentran sobre la mesa son producto de fuerzas políticas conservadoras, que dominan a sus anchas el Parlamento Europeo, apoyadas desde fuera por unos EE.UU que no han cambiado las leyes de juego del neoliberalismo salvaje que rigen hoy el mercado.

Es vital posicionarse desde la izquierda en favor de una separación radical de los fines diplomáticos y los asuntos relativos a la defensa. No llevar a cabo esto es como presentarse al mundo con una mano tendida mientras la otra sujeta un garrote que ocultamos a nuestra espalda. La subordinación de los intereses y planteamientos relativos a defensa y seguridad exterior de los países miembros a la OTAN y, en última instancia, a los Estados Unidos, pueden tener el mismo efecto en el ámbito de la diplomacia, de tal forma que la UE nunca acabe de definir una política exterior propia, autónoma y acorde a sus intereses. Del mismo modo, cooperación y comercio no tienen necesariamente que estar bien avenidos y es preciso tener en cuenta al votar este proyecto cuántas veces se han sacrificado proyectos de cooperación y desarrollo en favor de intereses comerciales, bajando la voz en situaciones en las que habría de haberse levantado.

Publicado en Progreso 21

Ayer se manifestaron por las calles más céntricas de la capital de España los autodenominados “pro-vida”. Dado que esto es un concepto excluyente, como el nacionalismo que emana por sus poros, porque es como decir que los demás somos favorables a la muerte o que no nos gusta la vida, prefiero llamarlos contrarios-al-derecho-a-decidir. A que las mujeres sean dueñas de su propio cuerpo y, por tanto, a que se materialice de hecho su completa autonomía jurídica. A diferencia de muchas y muchos amigas, amigos y conocidos no siento indignación. Y no crean que por un sentimiento bonachón de “son sus ideas y hay que respetarlas”. Creo que tolerancia no es sinónimo de que todo sea tolerable y no puedo tolerar una manifestación contra los derechos de más de la mitad de la población. No obstante, lo de ayer me inspiró sensaciones encontradas de comicidad, desprecio y compasión.

Sí, precisamente por ese orden. Comicidad, porque las peticiones de los convocantes eran algo así como si en pleno 2009 salieran a la calle diciendo que el agua corriente, el alumbrado público y la red de alcantarillado son inventos satánicos que han de ser barridos de la faz de la tierra porque la pureza y virtud de las costumbres reside en ir a andar varias decenas de kilómetros cada día para conseguir agua o enfermar de tifus y disentería por vivir entre torrentes de agua sucia y excrementos. Cualquiera que reivindicara lo que aquí se plantea nos obligaría, seguramente, a pensar que la marcha ha sido convocada por personajes de una novela de Kafka o de alguno de los desconcertantes ensayos de José Saramago. El desprecio es el más mezquino de estos sentimientos, lo admito, pero por más que reflexionaba no comprendía cómo alguien podía pasar semejantes fatigas en un autobús -la mayoría de los manifestantes pasaba con holgura de los cincuenta y cinco años aproximadamente- para hacer el juego a las “fuerzas vivas” del entorno rural franquista que han amasado ingentes fortunas, entre otras cosas, con la credulidad de esas personas. Sin embargo, con la cabeza fría, el desprecio da paso a la compasión, al ver a una madre sevillana con nueve hijos -había acudido con seis de ellos- con la mirada perdida y extraviada, el rostro curtido y surcado por arrugas que denotaban fatiga y sufrimiento. Una expresión en su cara que era la viva imagen de la alienación del proletario descrito por los pensadores marxistas a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Nótese, de hecho, que proletario viene de ”prole” ¿qué poder de manipulación puede tener una institución como la Iglesia católica para que alguien termine pidiendo que le  arrebaten las medidas de planificación familiar, la posibilidad de decidir cómo y cuándo quiere ser madre y, ya puestos, la jornada de 35 horas semanales o tan siquiera el derecho a trabajar? Ver a esta señora me recordó a los que gritaban “¡Vivan las caenas!” y tiraban con entusiasmo del carruaje de Fernando VII a la vuelta de su exilio.

La manifestación reunió a unas 200.000 personas según datos de la Policía Nacional, que suelen ser los más fiables. La Comunidad de Madrid, en cambio, eleva la cifra hasta más de un millón. No me extraña que el Gobierno regional se pronuncie de esta manera. Hay que tener en cuenta que el show de ayer fue financiado con dinero público regional. Resulta que la Comunidad de Madrid ha dado 230.000 euros a siete de los grupos convocantes. Esperanza Aguirre y sus consejeros son, por tanto, parte directamente implicada que cada vez muestran menos pudor en financiar a grupos fundamentalistas católicos. Como los gobiernos teocráticos musulmanes en países como Irán, Afganistán o Arabia Saudí, plataformas como hazteoir.org, al mando de Ignacio Arsuaga, defienden sin escrúpulo la imposición de una concepción cristiana en la sociedad. Al hilo de esto, creo que Aznar y Aguirre han incurrido en un pecado capital: soberbia. Y parecen no acordarse de que, según su propia visión del mundo, todo pecado lleva aparejado un castigo. A ver si después de lo de ayer queda claro para una mayoría de la sociedad española que el liberalismo no existe en el PP y desde luego no en la tendencia representada por Aznar y Aguirre. Son derechones, de los de toda la vida, de hecho, dada su apología del nacionalismo español y su voluntad de imponer a todo el conjunto de la sociedad los postulados de la Iglesia católica ¿sería incorrecto calificarlos de nacional-católicos, atendiendo a un sentido literal del término? Esto hace que su empuje político se reduzca en el PP y que Aguirre, más allá de las fronteras de la región madrileña, no consiga arrastrar masas en el resto de España, por más descontento que exista contra el Gobierno central. Puede que Aguirre, por su orgullo, haya contribuido, en contra de su voluntad, a prolongar la agonía del actual líder, Mariano Rajoy.

Más allá de la indignación lógica de las personas y medios de comunicación progresistas o simplemente mínimamente ilustrados y racionales por este despliegue de personas voceando consignas de poco peso intelectual y mucha casposidad, conviene reparar en algo bastante más siniestro. Lo visto ayer en la Plaza de la Independencia, no fue más que la avanzadilla, la infantería de lo que se nos viene encima, puede que incluso una vez aprobada la ley si no se combate desde la sociedad civil. Estos sectores antiabortistas han elaborado el programa Madre, que pretende constituirse, según dicen, como una red de apoyo a la maternidad. El programa se está empezando a desplegar a día de hoy en Castilla León y la Comunidad Valenciana. Consiste, en líneas muy generales, en que convencen a una mujer embarazada para que lleve a cabo la gestación hasta el final.

Si la mujer es mayor de edad, se le ofrece -dicen- un pequeño sueldo o “beca” para ello. Si es menor, se le ofrece alojamiento en un piso y la visita de profesores particulares para que siga estudiando sin ir a clase para evitar que haga esfuerzos. Los costes de todo esto, en el caso de una menor, correrían a cargo de una familia que habría ”apadrinado” a la adolescente por decirlo así. No hay que hacer un gran esfuerzo para imaginar lo que debe ser que a una mujer inmigrante sin papeles o en paro o sin pareja con quien compartir los gastos a lo que hay que sumar la ansiedad por un embarazo no deseado, sea puesta ante semejante situación. Y no digamos en el caso de la menor que, según dé a luz, entregue su bebé a la familia de acogida que ha corrido con sus gastos. Se está facilitando la compra de una niña o niño, así, como lo leen, como en los mejores tiempos de las dictaduras chilena o argentina.

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La memoria posee un carácter subjetivo incuestionable. La capacidad del ser humano para recordar algo a voluntad difiere por completo de aquella que pueda poseer una computadora o un lápiz de memoria. Recordamos en base a nuestra propia experiencia, circunstancias y necesidades, que pueden ser parecidas pero nunca idénticas de una persona a otra. La Ley de Memoria Histórica aprobada es, desde mi punto de vista, una de las normas mejor bautizadas. No pretende establecer un supuesto equilibrio entre las partes a las que afecta. Cuando alguien pregunta o, directamente, afirma que esa ley no tiene otro fin que “remover” el pasado, tiendo a darles la razón: por supuesto que pretende remover el pasado, más bien, de excavar en el mismo para desenterrar un hecho objetivo: más de la mitad de los españoles fueron enterrados tras la Guerra Civil en parajes inhóspitos o en las cunetas de carreteras perdidas; ni una esquela, ni una lápida, ni un registro, ni un nombre, ni una fecha. Por el mero hecho de pertenecer a un bando que luchó por el mantenimiento de la legalidad vigente, por un sistema de gobierno que la población española se había dado en las urnas.

Ayer, doce de octubre, se celebraba el consabido día de la Fiesta Nacional. El desfile de las Fuerzas Armadas, un evento fundamental, abarca prácticamente la totalidad del protagonismo en los festejos. Un público multitudinario se agolpa para ver pasar a las unidades más emblemáticas del Ejército español y de la Guardia Civil realizándose, además, un homenaje a los soldados muertos en misiones de paz o de combate, según se mire. Sin embargo, este acontecimiento que pretende ser festivo, se ha visto empañado por los abucheos, gritos e insultos que un grupo nutrido de personas dedican al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta situación, que venía produciéndose desde el año 2004, se mostró ayer con más virulencia.

Dos datos hacen pensar que no se trata de un grupo aislado, como tampoco que la mayor sonoridad de los berridos se deba a la presunta culpabilidad del Gobierno por la crisis. En primer lugar, esto se venía produciendo desde 2004, cuando hacía tan sólo siete meses que un Gobierno socialista llegaba al poder en España después de ocho años. Por aquel entonces, las turbas ya pedían la dimisión de un presidente electo que no había tenido tiempo de cometer errores. En segundo lugar, la distribución de las personas por lugares clave del recorrido, el escaso tiempo en el que tomaron posiciones y el trasiego de móviles hacen pensar que fue algo pactado, planeado y ejecutado de forma organizada.  Poco después de las diez de la mañana, De la Vega hacía su aparición en la Plaza de Lima y recibía los primeros abucheos. Eran sólo los prolegómenos de lo que poco después se cerniría sobre Zapatero. Los gritos resonaron por la Plaza de Lima; procedían de la zona más próxima a la tribuna de autoridades y fueron extendiéndose como el eco por el Paseo de la Castellana. Los insistentes bramidos se prolongaron en el saludo de Rodríguez Zapatero a los reyes.

Como afirmaba algún periodista, el bochornoso espectáculo no pudo estar motivado más que por derechistas, pues de todas y todos es sabido que las formaciones políticas de izquierda y los sindicatos no suelen acudir al desfile. Quien alguna vez se haya preguntado el porqué de esto, obtendrá su respuesta en los incidentes de ayer y en las imágenes captadas por televisión. Muchas y muchos de nosotros pudimos ver a un joven corpulento de estética skin, llorando a moco tendido porque “es el día de mi patria”. Y raro es el año en que no vemos a personajes de bigote anguloso luciendo la boina de requeté o de los carlistas, el año pasado en concreto, un pequeño grupo de hombres maduros ataviados de esta guisa despedía a las cámaras de La Sexta al grito de ”rojos no”. Y es que, pese a quien pese, éste sigue siendo, de hecho, el Día de la Hispanidad y el Desfile de la Victoria. Tengan más o menos interés en el sarao, es de todo punto intolerable que una mayoría de españoles sienta esta fiesta totalmente ajena y se vea intimidada por acudir al desfile.

Y todo ello porque un grupo de tipos orgullosos de considerarse los sucesores del mayor genocida de la historia de España, el general golpista Franco, vuelven a decidir quién es español y quién no y en qué ha de consistir tal sentimiento. Para corroborar esto, tomen como ejemplo los abucheos. No se trataba de un acto organizado por un gobierno del PSOE en cuyo caso semejante muestra de falta de respeto podría tener cierta aunque exigua justificación. Se trataba de un acto de Estado y para entender lo que es y cómo se convive en una democracia, es preciso discernir previamente que una cosa es el Estado, que somos todas y todos, nos guste más o menos, y otra cosa es el Gobierno, que puede tener un color u otro según lo que se haya elegido en las urnas. Semejante desaire constituye un agravio contra la Presidencia del Gobierno como institución, es decir, más allá de la persona que ocupe el cargo y, por derivación, contra la Corona y aquellos que se dejaron la vida fuera de nuestras fronteras. Patriotismo -o, más bien, patrioterismo- interesado el de algunos.

 La situación ha alcanzado un cariz que ha incomodado a los propios reyes. A ver si esto hace reflexionar a los poderes públicos sobre la necesidad de identificar a los boicoteadores y tomar las medidas que correspondan o, incluso, cambiar el sentido de esta festividad y su programación, de tal manera que se exalte, por ejemplo, el valor, la entidad y la extensión de la literatura y el arte español por el mundo y se tenga en cuenta la masacre indiscriminada de indígenas americanos en lugar de que todo el festejo de semejante efeméride se circunscriba a una exaltación excluyente y a una apología del militarismo y del poder armamentístico. Porque el doce de octubre también es cuestión de memoria.

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