Gürtel madrileño: el fracaso del “peperismo”

Me uno a estas alturas a escribir de un asunto que ha ocupado portadas y llenado páginas de los principales diarios generalistas, especialmente de El País, cuyos redactores han destapado y difundido los presuntos escándalos de una trama corrupta de la que, después de unos cuantos meses, tan sólo se ha descubierto lo que parece ser la punta del iceberg. Y todo ello debido a que las pesquisas están anticipando un grado de implicación de personas vinculadas o pertenecientes al Partido Popular de Madrid muy superior a lo que se había intuído hasta entonces. De momento, hay tres imputados que destacan por su envergadura política: Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.

El primero, presuntamente, proporcionaba desde la Comunidad de Madrid contratos divididos para evitar que salieran a concurso a cambio de generosas sumas de dinero. La alusión a este hombre por parte de Francisco Correa en las conversaciones grabadas, en la que le define como el “muñidor” de las operaciones y la aparición de su nombre en la contabilidad “B” de las empresas que eran propiedad de Francisco Correa, lo hicieron caer. Martín Vasco, por su parte, está acusado de realizar labores de intermediario para la empresa Martinsa, entidad que habría pagado comisiones a Francisco Correa con el fin de conseguir proyectos urbanísticos en Arganda del Rey, siendo consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal. Bosch Tejedor, como gerente de la sociedad municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, cobró por colaborar en la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva de Boadilla.

Estos tres diputados abandonarán su escaño en el Grupo Popular pero no la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre comunicaba ayer que los implicados en la trama dejaban su puesto por voluntad propia, para no perjudicar al partido. Es evidente que Aguirre ha jugado en esa decisión un papel fundamental por no decir que han sido sus dotes de persuasión las que, muy posiblemente, han llevado a la situación actual. Por eso, precisamente, la postura adoptada por la cabeza del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid no obedece más que a un lavado de cara superficial, aprovechando una tendencia a la comunicación politica simplona que se rige por el efectismo fácil. Los tres imputados conservan su sitio y siguen siendo militantes del PP. Nadie, Aguirre la primera, se ha planteado arrebatarles sus actas y poner el futuro de su militancia en manos de Génova.

A partir de ahora pasarán a formar parte del Grupo Mixto, así es como se esconde la porqueria al barrer en el PP madrileño, debajo de la alfombra. Desde luego, pese a lo mezquino del gesto, la lideresa ha sido sin duda la gran beneficiada: con su acción se desmarca de Rajoy, presionándolo por no haber adoptado ningún tipo de decisión y mirar hacia otro lado. Ello, sin duda, es una hábil estrategia para mover el precario sillón del líder conservador y para marcar la diferencia con respecto al que hasta ahora había sido uno de sus principales rivales en el acceso a la presidencia del PP, Francisco Camps. Por no hablar, claro está, de que cuanto antes se amputen los miembros gangrenados de un cuerpo, menos probabilidades hay de que el mal se convierta en septicemia y llegue a la cabeza.

Ernesto Erkaizer afirmaba hoy en su columna que Rajoy, con esa actitud tan ambivalente y timorata ante el caso Gürtel, más allá incluso de lo que nos tiene acostumbrados como personalidad política, no pretende esconder la cabeza, o no, al menos, para ver si escampa la tormenta por sí misma, sino para procurar una “regionalización” de la crisis del PP, es decir, que la opinión pública interprete los presuntos escándalos de corrupción como un problema de un sector del PP, que hasta ayer habría sido el valenciano. La reacción de Camps a todo esto, sacando pecho como si se dedicara “vivas” a sí mismo al más puro estilo Berlusconi, daría crédito a la tesis en torno al asunto que parece pretender instaurar Rajoy. Si existiera una sociedad civil independiente y un electorado maduro en la Comunidad Valenciana, ese personalismo de la trama en Camps y el victimismo regionalista que pretende imponer para desviar la atención, deberían tener un efecto devastador en su credibilidad. Como no puedo evitar dudar de que esto sea así, es necesario que en la Comunidad de Madrid la oposición se movilice con vehemencia y apunte -con pruebas en la mano, claro está-  a la relación de la trama de Madrid con Génova con la cúpula nacional del PP.

Y es que en Madrid, a raíz de la trama Gürtel, se ha puesto de manifiesto el fraude y el fracaso del proyecto político que en esencia representa el Partido Popular. Esta formación nació con la intención de servir de agente aglutinador a las corrientes de la derecha más representativas del país. Las dos tendencias más amplias de la derecha política europea, liberalismo y democracia cristiana, que en otros estados de la UE como pueda ser el caso de Alemania se encuentran representadas por partidos diferenciados y, por tanto, rivales -independientemente de que estén condenados a entenderse- no se da en España, donde ambas corrientes se presentan juntas existiendo, aparentemente, un ecosistema autónomo dentro del PP donde el liberalismo se adjudicaría el control ideológico de la política económica mientras que el conservadurismo de signo católico se ocuparía de las propuestas ideológicas a nivel teórico y de cara a las instituciones o a las relaciones internacionales. La conjunción de estos bloques es una alianza muy forzada que estaba condenada a reproducir los defectos más característicos de ambos paradigmas ideológicos. Y el caso Gürtel lo ha venido a demostrar.

La tesis de que una administración pública adelgazada hasta casi la extinción elimina la burocracia, rebaja la fiscalidad y barre la corrupción, acabando con aquellos factores que posibilitan su aparición, se ha mostrado absolutamente errada, tanto en la Comunidad de Madrid como en la capital. El PP, como fuerza política dispuesta a todo, no está por la labor de aplicar el laissez faire, laissez passer, y lleva a cabo una política intervencionista que hace ilusoria la libre competencia en el mercado. Dejar actuar al mercado y engrilletar al Estado no conviene si su poder de influencia disminuye. Llegada esta contradicción, trucan las leyes del juego haciendo que una empresa ligada a sus intereses divida la facturación de esa empresa, con lo que se consigue una falsa puja entre una especie de entidades fantasma, de tal manera que es aquella que tiene el monopolio la que termina llevándose el gato al agua. De ahí, precisamente, la ineficacia de las políticas privatizadoras aplicadas por Aguirre y de las que se enorgullecía de haber copiado a Margaret Thatcher. No son transparentes, ni limpias, ni competitivas, sino, precisamente, todo lo contrario.

 

Publicado en Progreso 21

Estado social de derecho y sus valores: ¿adoctrinamiento?

Ésa es la conclusión que parece desprenderse de la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León. Este organismo ha decidido eximir a un alumno de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía sin que ello tenga necesariamente una repercusión negativa en el expediente académico. Así lo decidieron dos magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Pese a que el Tribunal Supremo ha rechazado oficialmente la posibilidad de acogerse a la objeción en este caso cinco veces, los dos magistrados consideraron que el dictamen no era vinculante al entender que, al tratarse de una cuestión que afectaba, supuestamente, a derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional era la referencia a tomar y el camino a seguir en caso de vinculación ante un posible recurso.

La decisión de los dos magistrados se apoyaba en que, supuestamente, cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía podría entrar en un conflicto importante con las creencias e ideologías de la familia del alumno en cuestión. Sencillamente no lo comprendo. Si entra en conflicto con mi ideología y mis creencias respetar la integridad física y moral de las personas por su origen étnico, sexo u orientación sexual, ¿puedo quebrantar este mandato constitucional yo o los menores a mi cargo? Si utilizo la influencia o el poder que me da una responsabilidad civil o médica por la condición de mi cargo y/o de ejercer una determinada función pública para evitar realizar tareas que me son encomendadas escudándome en mis creencias religiosas, ¿puedo realizar también pleno ejercicio de mi derecho a la objeción de conciencia? Cualquier tribunal imparcial me respondería, seguramente o eso espero, que no, que contravenir todo aquello por lo que preguntaba no sería sino un delito contra el honor, la integridad de las personas –por agresiones, vejaciones físicas, homicidio o asesinato– en el primer caso y un delito de prevaricación, en el segundo o, por lo menos, de privación al derecho a la información.  

Siendo esto así, no llego a entender el porqué de ciertas sentencias, el propósito auténtico de las mismas. Está claro que los derechos individuales tienen sus límites, como afirmaba John Locke a finales del siglo XVII: “mi libertad termina donde empieza la de mi vecino”. Es evidente, es lógico, es una premisa, también fundamental, para convivir en una sociedad libre, democrática y justa. Me irrita profundamente que en determinados sectores exista, aparentemente, dos varas de medir. Tan libre es el médico que se acoge a su derecho a la objeción de conciencia para ciertas prácticas como el derecho de una mujer a decidir cuándo quiere ser madre y a recibir una atención sanitaria segura, tanto jurídica como médicamente, pública y de calidad. Tan libre son el padre o la madre de un menor para impedir que su hija e hijo sea sometido a un adoctrinamiento ideológico o religioso con el que no están conformes como lo es el derecho de una pareja formada por dos mujeres o dos hombres a pasear libremente por la vía pública sin ser vejados e insultados por cuatro niñatos cuyos papás los han cubierto de mucho dinero y caprichos pero de poca educación y civismo o de cuatro indeseables que, armados y vestidos de fantoche, propinen una paliza o una puñalada con resultado de muerte o de graves heridas a esas personas. ¿He de entender que los derechos tienen un límite sólo para las víctimas y no para los agresores o potenciales agresores de los que hablamos?

¿Demagogia? ¿Exageración? Es un hecho sociológico, casi constatado empíricamente, aunque quizá tan sólo baste conocer a las personas y estar a pie de calle, que los seres humanos, pese a la individualidad evidente de nuestra personalidad, somos seres esencialmente sociales, tan sociales, que, en algunos momentos y condicionados por las circunstancias del entorno, tendemos a adoptar actitudes gregarias, de rebaño, si no media en nuestro pensamiento y acción la más mínima racionalidad. Una vez se satisface nuestro deseo de encajar socialmente, incluso de pertenecer a “algo”, las posibilidades de verse arrastrado por la masa son elevados, momento en el que, insisto, deja de prevalecer nuestro elemento consciente. Es entonces cuando, olvidamos cuánto hay que no conocemos y, aquello que nos es desconocido, nos produce miedo, el miedo se convierte en rechazo que puede manifestarse en forma de alejamiento y, por tanto, aislamiento de aquello o aquellos a quienes tememos o, directamente, en forma de reacción violenta con el fin, incluso, de la eliminación de aquello que no entendemos.  

El ansia de conocer y el respeto no son inherentes al ser humano, necesitan ser aprendidos y, por tanto, enseñados. Esta es la importancia que tienen asignaturas como EpC. La actitud de los sectores más conservadores y, en el ámbito político y como elemento más visible, encabezados por el Partido Popular es sumamente desconcertante e intolerable en un estado democrático y de Derecho. Asignaturas con contenidos idénticos o muy similares están siendo impartidas en países como Francia, Alemania o Suecia. Estas materias se han impartido tanto con gobiernos socialdemócratas y verdes como liberales y demócrata-cristianos, pues el contenido se resume en otorgar al alumnado conocimientos básicos del funcionamiento de las instituciones del propio país y de los organismos internacionales, el sistema electoral o los aspectos más fundamentales de las constituciones nacionales o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuestiones tan elementales, tan simples, para la convivencia democrática, que se han instaurado bajo el acuerdo común y por el interés general, por encima de creencias religiosas y tendencias políticas. ¿No serán que para una parte, pequeña y minúscula –pero ruidosa– de la sociedad española estos mínimos entorpecen su propia labor de adoctrinamiento inicuo y disgregador?

Publicado en Progreso 21

Fiestas municipales madrileñas y agresiones nazis

 

Presentación del Informe Raxen 2009. Foto: Efe

Hoy nos hemos desayunado con la noticia de la brutal agresión en las fiestas de Alcorcón de un grupo de jóvenes por un grupo de neonazis. El modus operandi es más o menos habitual: un rapado se acerca a los jóvenes y les pregunta dónde se puede beber algo. Con toda normalidad, los jóvenes, de estética alternativa le indican un par de puestos más adelante. Sin mediar palabra y en unos segundos se acercan al grupo otros jóvenes con el mismo aspecto que aquel que preguntaba. Derriban a uno de los jóvenes y le agreden con  porras extensibles en la cara y en el brazo. Dos chicas recibieron cortes en las orejas y otro chico resultó herido por el disparo de una pistola de perdigones en el pecho por parte de otro que antes le espetó: “esto, por Hitler”. Los jóvenes y varios testigos afirmaron que los agresores lucían simbología nazi y estética skinhead. Junto a esto, hemos podido ver las fotos trucadas del ex-soldado neonazi Josué Estébanez. Sencillamente patético. Aparece un cartel pidiendo su libertad tapando un brazo derecho que con toda seguridad levantaba extendido con la palma abierta. Otra foto fue retocada para tapar con tinta negra los huecos de una cruz céltica en llamas.

El informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia cifra en 350 las agresiones de este tipo el año pasado. Sin embargo, si esto no se toma en serio, no se puede descartar que las agresiones se disparen, pues es difícil no relacionar lo sucedido en Alcorcón con el juicio que se está llevando a cabo contra el presunto asesino de Carlos Palomino y las impresentables manifestaciones a favor de este individuo que se vienen realizando a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid. Esas concentraciones son actos de incitación al odio y la violencia o, por lo menos, de alteración del orden público, si bien estoy seguro de que si rascamos un poco, sólo un poquito, encontraremos testimonios, gritos y cánticos de apología al genocidio, a la xenofobia y la homofobia. Tampoco entiendo qué está pasando con la seguridad en las fiestas municipales porque lo sucedido en Alcorcón no es un hecho aislado si tenemos en cuenta que la semana pasada sucedió algo parecido en Fuenlabrada contra la caseta de Izquierda Unida y que raro es el año en el que no sucede algo parecido en lugares como Pozuelo o Villalba, como el año pasado. 

Más que un problema de despliegue y efectivos parece una cuestión de empeño, a juzgar por lo que observé en las fiestas de Móstoles donde el recinto ferial estaba custodiado a la entrada por agentes de la Policía Local, la Policía Nacional y la Bescam, creada por el Gobierno regional. Constatando la presencia más elevada en las fiestas de este último cuerpo policial y su equipamiento y preparación a simple vista, uno se pregunta por qué siempre aparecen -si aparecen- cuando los agresores se han esfumado, no consiguiendo detenerlos estando de partrulla o apostados en las inmediaciones. Si los cafres de turno no están fichados por la Policía Nacional o la Guardia Civil, el testimonio de los agredidos queda incompleto, sin un apoyo probatorio sólido.

No entiendo por qué esa reticencia digna de explicación sociológica y antropológica a diferenciar tanto entre un energúmeno que mata en nombre de una patria vasca inventada de un tiro en la nuca y otro energúmeno que mata igualmente a otra persona en nombre de una igualmente inventada patria española a otro ser humano de un navajazo o a golpes con un bate de béisbol. Temo ahora que la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haya quedado corta: no se trata de juzgar a los neonazis como si fueran terroristas sino de juzgarlos como terroristas. Desde luego estas joyitas lo tienen todo: asociación ilícita, tenencia ilícita de armas, incitación al odio y la violencia contra las personas por el origen nacional, social, étnico, tendencia política e ideológica u orientación sexual de las mismas, delitos de lesiones cuando no de homicidios en grado de tentativa o asesinatos.

Si la asociación ilícita en estos casos va siempre acompañada de la tenencia ilícita de armas, ¿por qué no acusarlos de integración de banda armada para aplicarles condenas de hasta cuarenta años de cárcel que habrían de cumplir íntegras de una vez por todas? ¿Por qué no ilegalizar a los partidos políticos que concurren a las elecciones democráticas cuando se demuestre, apología, encubrimiento y no digamos financiación a estos grupos paramilitares? Por favor, que alguien me explique de una vez quién decide qué y quiénes son banda armada y quienes no, porque de dar este paso vendría rodado el siguiente: la ilegalización de los símbolos y el establecimiento de penas de hasta diez años de prisión por la exhibición de cruces gamadas, de la cruz céltica y de la bandera española preconstitucional, la del águila imperial conocida como pajarraco o pollo. En el país obsesionado por los precursores y los referentes a nivel europeo se necesita decir lo que hace el vecino para exhibirlo como argumento; pues ahí va: Alemania y Austria cuentan con legislación acerca de esto y hasta hace unos diez años se aplicaba de forma draconiana. Se trataría de legislar, aplicar la ley y no ceder un milímetro por el paso de los años, la relajación, el “bienpensatismo” o vaya usted a saber qué.

 

Publicado en Progreso 21

La política exterior progresista realmente existente

Supongo que muchas y muchos de vosotros veréis en el título de este artículo un calco de la coletilla que se ponía al término “socialismo” o “comunismo” en los países que se arrogaron su implantación: “socialismo realmente existente”, dando a entender que, aunque podrían darse otras formas de socialismo y quizá hasta mejores, el único viable era el instalado en la URSS o la Alemania del Este. Estas tesis resultaron ser erróneas; espero que también lo sean en la política internacional elaborada desde la izquierda. Y es que, después de las declaraciones del Coordinador General de Izquierda Unida -Cayo Lara- anteayer y la resolución aprobada en el Congreso el pasado 24 de junio que ponía límites a la justicia universal española, cada vez tengo más dudas. Maximalismo, relativismo cultural y vergonzoso seguidismo al neoconservadurismo es lo que vengo percibiendo en las propuestas elaboradas desde la izquierda para el ámbito exterior.

Anteayer Cayo Lara expresó al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, el firme compromiso de Izquierda Unida para realizar distintas “acciones” que detuvieran en el Senado lo aprobado por el Congreso de los Diputados a finales de junio, esto es, la ley que eliminaría prácticamente la jurisdicción universal hasta entonces ejercida en la práctica por España. El dirigente izquierdista no tuvo empacho en calificar la acción impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de “regalo” de la Administración española al gobierno de Netanyahu. Ante lo manifestado por Lara, Abbas calificó a IU de “formación hermana de los palestinos”. Dejando aparte la exaltación de la amabilidad en los encuentros diplomáticos, creo que la expresión empleada por Abbas no es inocente y denota una serie de cosas. Si yo estuviera en el lugar de Cayo Lara, preferiría ser calificado de firme defensor de los Derechos Humanos o de la Justicia internacional o, incluso, “amigo” de un pueblo que “hermano”. Este último término denota una incondicionalidad que puede ser perjudicial para los objetivos de la izquierda. La injusticia se defiende en favor de la víctima y en contra del agresor, sea uno y otro quien sea y caiga quien caiga.

El gesto de IU no debería interpretarse como un cheque en blanco para Palestina: si hay que arremeter y aplicar la jurisdicción universal a Hamás, aunque esté en el poder, por violaciones de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional, hay que hacerlo sin contemplaciones, que todos sabemos lo que ocurre cuando una nación denomina a una organización política o a otro estado o nación “hermano”: te retiran tal consideración en el momento en que no se les otorgue la razón en todo y cuando se les antoja. Actitudes como ésta se pueden venir percibiendo en los partidos a la izquierda de la socialdemocracia a nivel europeo. Es tan desmesurado el deseo de marcar una tendencia que rompa con la homogeneidad de la política internacional impuesta por el modelo de globalización neoliberal, que muchas de estas formaciones se afanan en apoyar explícita o implícitamente o, al menos, a mirar para otro lado a países, gobernantes y líderes que destacan por sus tropelías, salidas de tono y ataques a la democracia y a los Derechos Humanos en sus propios países sólo porque son unos verdaderos hooligans antiyanquis y, claro, tendrán sus cosillas pero son los únicos que tienen los arrestos de hacerle un corte de mangas al Tío Sam, valga lo gráfico del símil. Qué gamberretes, qué revolucionarios son estos chicos, pensarán algunos. Maximalismo por un lado, porque se pretende romper una tendencia a la homogeneidad en el ámbito internacional aun dando apoyo, aunque sea mediante la palabra o el silencio, a elementos peligrosamente desestabilizadores, y, por otro, relativismo cultural, porque muchos de estos apoyos que a algunos se antojan incondicionales, están basados en la imposibilidad y la ilegitimidad para emitir juicios sobre actitudes y modos de actuación de los dirigentes cuyos países se encuentran en una órbita cultural totalmente diferente a la occidental.

Otro asunto, opuesto y totalmente criticable, es la posición adoptada por el Gobierno socialista en materia de jurisdicción universal. Recordemos que el pasado 24 de junio, el Congreso aprobaba con los votos de PSOE, PP, CIU y PNV una ley por la que se ponía punto y final a la jurisdicción universal española. Un diputado peneuvista aseguraba que sólo se había limitado este principio. Teniendo en cuenta que a partir de ahora la Audiencia Nacional tan sólo podrá intervenir contra los estados acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, de genocidio o de guerra en la que se vean implicados ciudadanas o ciudadanos españoles, el principio deja de existir como tal en la práctica, pues la Audiencia sólo se limitará a intervenir en casos que, al fin y al cabo, afectan directamente a España, como si hubiera sucedido dentro de nuestras fronteras. Semejante medida contradice el compromiso de este gobierno de colocarse a la vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos y a ver qué consecuencias tiene esto para el avance del proyecto de Alianza de Civilizaciones. Además, establece un doble rasero injustificable: resulta que había víctimas y agresores de primera y de segunda: qué valientes somos y cuánto pecho sacamos a la hora de pedir, gestionar y llevar a cabo el juicio de un señor de la guerra africano, de un general golpista latinoamericano o de un dictador asiático pero cómo nos achantamos cuando los conflictos salpican a países habitados por mayoría blanca, occidentales u occidentalizados. Se han cortado las alas a los jueces encargados de investigar este tipo de crímenes cuando el asunto ha tocado a Estados Unidos e Israel. El PSOE ha seguido sumisamente al PP en su propuesta cuando el juez Andreu decidió abrir una investigación contra responsables del Ejército israelí y del Ministerio de Defensa de Israel tras el ataque del Estado Hebreo a Gaza la pasada primavera. España ha perdido la oportunidad de consolidar una verdadera fuente de poder y de prestigio internacional. En un mundo que forzosamente ha de encaminarse al multilateralismo y unas relaciones exteriores basadas en la cooperación, el principio de jurisdicción universal dotaría a España de una autoridad y una capacidad de arbitraje evidente así como de un inmenso poder diplomático, cosa nada desdeñable si tenemos en cuenta que, como dijo Ortega y Gasset, a largo plazo el poder es más una cuestión de posaderas que de puños.        

Creo que, independientemente del pragmatismo y de la velocidad con la que los distintos estados han de tomar posturas y resoluciones en asuntos que, dándose fuera de sus fronteras los salpican directamente, no estaría de más que los partidos que se dicen de izquierda o progresistas se detuvieran un momento a reflexionar y a elaborar documentos que sirvieran de guía. Inicialmente se trataría de ejercicicios puramente teóricos aunque, eso sí, siempre teniendo en cuenta el marco actual en el que se desarrollan las relaciones entre estados pero siempre fijando, si no metas, sí objetivos y posturas maestras ante situaciones clave que determinen una posición coherente, lo que no está reñido con el pragmatismo que manda el tantas veces desafortunadamente invocado principio de la Razón de Estado.

 

Publicado en Progreso 21

“Confiar y esperar”

Esta afamada frase de la novela de Alejandro Dumas El Conde de Montecristo es la que, en mi opinión, deberíamos aplicarnos la militancia socialista y toda aquella o aquel que comparta nuestro proyecto a la hora de valorar la dimisión del que hasta ahora había sido Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Presentó su dimisión ayer, según manifestó, para no ser un lastre para el Gobierno socialista y su proyecto. Tanto la dimisión como sus motivaciones son gestos que honran a su persona, maquillan sus deslices y evidencian que, pese a las manzanas negras que haya podido haber hasta ahora, el PSOE es un partido donde, en general, se hace política de manera sensata y se lucha en la medida de lo posible para que las acciones estén equiparadas a los principios, mostrando de esta manera a la ciudadanía que no todos los políticos son iguales.

De Mariano Fernández Bermejo se ha criticado su estilo ácido y en ocasiones provocativo, su escasa predisposición al diálogo, al parecer manifestada ya desde su andadura en la Carrera Fiscal, que ha dado como resultado un historial de proyectos fallidos, abortados e inconclusos a lo largo de su labor ministerial. Entre algunos de ellos cabe mencionar la creación de una nueva oficina judicial, el intento de apartar a las y los jueces de la agenda de señalamiento o la intención de dejar a éstos en un segundo plano en la instrucción de los casos en favor de la fiscalía, principalmente. Por si todo esto fuera poco, la huelga de funcionarios de Justicia en plena campaña electoral de 2008 -con un seguimiento de hasta 9.000 trabajadores-, sus críticas al Poder Judicial -que hubo de matizar la Vicepresidenta Primera del Gobierno-, la calificación de la sanción al juez Rafael Tirado como de “provocación” o la más reciente huelga de jueces, son incidentes que han jalonado su paso por el Ministerio de Justicia y que fueron rematadas por las acusaciones del PP de intromisión en la labor de la Justicia cuando el diario El Mundo destapó su participación en unas jornadas de cacería en Torres (Jaén), a las que también acudió el magistrado Baltasar Garzón, instructor de la causa contra diversos empresarios y altos cargos populares por supuestas irregularidades en contratos, cohecho y otros presuntos delitos de naturaleza fiscal y económica.

No obstante, a mí me ha parecido que, más que falta de humildad, exceso de orgullo o incompetencia, el ahora ex-ministro Bermejo ha sido esclavo de las circunstancias políticas imperantes. Estamos ante una etapa de la vida política española en la que la mejor baza del principal partido de la izquierda es: demostrar altura de miras y dignidad impecable acorde con los valores democráticos -aun siendo víctima de las acometidas más feroces, gratuitas y difamatorias a las que es sometido por la derecha más intransigente que se recuerda en treinta años de democracia-, pactar en los asuntos más fundamentales que atañen al modelo de Estado buscando el consenso con una fuerza política que no ha hecho otra cosa que colocar palos en las ruedas desde su salida del Gobierno de la Nación en 2004, o, en la misma tónica quedar atado de pies y manos por la mayoría conservadora que dirige los destinos de la Carrera Judicial con marcado corte corporativo -insoportable resquicio y vicio de la etapa del aznarismo-.

Frente a todo esto, hubo un fiscal que fue relegado a un segundo plano en los gobiernos del PP por no comulgar con la voluntad de la maquinaria política de José María Aznar y Federico Trillo, un diputado socialista por Murcia que no se resignaba a admitir insinuaciones sin consistencia o, directamente, insultos directos a su persona o al Gobierno por una fuerza política profundamente reaccionaria incapaz de asumir una derrota en unas elecciones limpias y que les contestaba, en justa reciprocidad, con dureza, pero sin llegar a la actitud altanera y crispadora de quienes le insultaban, un Ministro de Justicia que trató por todos los medios de corregir o, al menos, limar de manera considerable los vicios que aquejaban a un sistema judicial prácticamente decimonónico, el que se enfrentó a jueces que parecen creer que no tienen que rendir cuentas a la sociedad una vez han obtenido una plaza en la Judicatura.

Buena parte de los dirigentes del Partido Popular están exultantes con la noticia. No han valorado la dignidad de Bermejo o que el Gobierno haya cedido finalmente. Lo han restregado por la cara de los socialistas que han tomado la decisión, lo han considerado un triunfo aplastante, una victoria sin paliativos de ”ellos” contra los “otros”, más propio de una sangrienta batalla que de un debate político. La estrechez de miras de la derecha hoy por hoy es, sin duda, un escollo para hacer llegar un mensaje progresista a una gran parte de la población. No nos engañemos, el discurso bronco y simplista es más impactante y de mayor calado. Sin embargo, esos réditos políticos no duran. El proceso judicial continúa abierto y no tiene visos de qudarse estancado en el punto en el cual se encuentra ahora. Tiempo al tiempo. El PP ha perdido la excusa de la cacería para tapar el escándalo. Garzón puede inhibirse pero el caso pasará a instancias judiciales superiores…¿qué les queda?  

Vaya desde aquí mi apoyo a Mariano Fernández Bermejo y la enhorabuena a Francisco Caamaño, nuevo titular de Justicia. A ambos les deseo la mejor de las suertes.

Bajando a las cloacas

Desde que informé sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid cuando se destaparon los primeros indicios, no había vuelto a escribir sobre el tema. La razón fundamental es que cada día aparecían datos nuevos, la telaraña se agrandaba y el problema revestía caracteres mucho más complejos. Lo que hoy podía ser un dato obvio podía quedar matizado o, incluso, sobrepasado por otros mañana.

Si hay algo que sacado en claro de todo este asunto es que los medios de comunicación que han ido destapando la trama han pasado demasiado tiempo centrando su atención en los entresijos del conflicto que late en el núcleo del Partido Popular. En ocasiones daba la impresión de verme ante una crónica donde se detallan los entresijos de alguna corte europea trescientos años atrás, casi en un tono de entretenimiento, como una recopilación de curiosidades y chismes de pasillo. El drama, no obstante, no es imaginar a Esperanza Aguirre encarnada en el intrigante cardenal Richelieu, con toda una serie de espías y guarda personal que se encarguen de averiguar su posición en la Corte o eliminar a todo aquel que le haga sombra sino que estamos en pleno siglo XXI, en un país que ha dado pasos de gigante en lo que a democracia y derechos se refiere, que ese espionaje se ha realizado de manera ilegal en un lugar donde debería de primar la Ley y, lo más doloroso, que se ha hecho, presuntamente, con dinero público. Pero por encima de todo ello, lo más intolerable, si cabe, es que se hayan llevado acabo investigaciones parapoliciales, siguiendo, incluso, de forma paralela, a otras investigaciones en curso a nivel policial y/o judicial a un grupo de personas por el mero hecho de pertenecer a un partido político determinado.

Si entre ellos -los “populares”- quieren espiarse y lanzarse mutuamente todo tipo de reproches e infundios, es asunto suyo, yo no milito en ese partido ni tengo la más mínima simpatía por el mismo. Pero, cuando se ponen esas intrigas por encima del gobierno de la Comunidad de Madrid y de su capital, se juega con el bienestar de sus ciudadanos, por no hablar del hecho abominable de que un determinado cargo de un determinado partido utilice las facultades de ese poder que ostenta para tratar de desprestigiar a un partido rival. Insisto, eso para mí es lo más sucio dentro del plano más estrictamente político: se ha perseguido delitos que presuntamente podrían afectar al PSOE allá donde gobierna, en ningún momento por perseguir el noble propósito de un nivel de corrupción cero, sino para fagocitar más poder, para que éste se torne omnímodo en la región. Esto, aparte de con la estafa que ha supuesto para la ciudadanía madrileña, es lo que realmente deseo recalcar aquí.

A fecha de hoy, un calígrafo ha asegurado que la letra manuscrita de los distintos partes de seguimiento a políticos municipales y regionales proceden de hombres de la confianza de Sergio Gamón, quien fuera jefe de la Dirección General de Seguridad en la Comunidad de Madrid y mano derecha en este sentido de Esperanza Aguirre. Otro de los supuestos espías ejerció de escolta de la Presidenta de la Comunidad en varios actos de partido de la campaña para las elecciones autonómicas de 2007, dentro de un dispositivo paralelo al asignado a Aguirre de manera oficial, cosa, en principio, ilegal. Sin embargo, Aguirre parece que sigue sin tener claro hasta dónde llega su espacio de poder y ahora exige la entrega de documentos de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia sobre todo lo referente a este caso, ha retrasado la apertura de la comisión de investigación y ha colocado para presidir la misma a Benjamín Martín Vasco, amigo personal de Francisco Correa, el presunto jefe de la trama corrupta cuyos vínculos se ramifican hasta el mismo corazón del PP madrileño.

Con todos estos antecedentes creo que sería mejor considerar la retirada de las fuerzas políticas de la oposición de la comisión organizada en la Asamblea de Madrid ya que, aún siendo consciente de que es la excusa perfecta para Aguirre y su tropa, opino que formar parte de semejante farsa es una bufonada que tan sólo hará que el PP salga prácticamente indeleble y el PSM como mera comparsa de la ultramontana derecha madrileña.

Mis deseos para el año 2009

Dado el medio en el que escribo estas palabras, creo que es oportuno hablar tan sólo de deseos políticos. Y, como todo el que vea mi perfil deducirá, esos deseos pasarían por un triunfo socialista en las elecciones europeas, vascas y gallegas. Pero voy a ir más allá. Creo que es mejor hacer propósitos que impriman un carácter determinado a las actuaciones políticas durante el año dentro de una tónica general, que encomendar nuestros deseos a momentos que dependen enteramente -para alegría de los demócratas- de la decisión del electorado.

Mi deseo fundamental es un mayor pragmatismo en el proyecto del PSOE, si bien, más que pragmatismo -porque ésta es una virtud que caracteriza al tipo de izquierda que representan estas siglas- un mayor espiritu materialista, de preocupación por las cifras en general. Me explico: es necesario ocupar el espacio político con las medidas en la lucha contra la crisis. Es vital que la ciudadanía conozca el programa de ayudas a las PYMES, al pequeño comercio y aquellas destinadas a aumentar la capacidad adquisitiva de la población, así como las medidas de promoción y potenciación de la contratación con el empleo asiduo, entre otras, de las nuevas tecnologías.

Por otra parte, es necesario concienciar a la población de que la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres tiene una incidencia positiva directa tanto en el rendimiento de la plantilla de las empresas como en la economía familiar. En materia de igualdad, así mismo, se precisa especificar de manera clara cuánto dinero se va a destinar en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Creo que, en este sentido, es más coherente con las necesidades actuales que el presupuesto de Interior se aumente aun en detrimento del de Defensa y que, dentro de la partida que se destine a este primer ministerio, el grueso del presupuesto sea empleado en poner medidas reales y efectivas para combatir esta lacra que arroja un saldo de víctimas superior al del terrorismo islamista o de otro tipo, al menos hoy por hoy. En Justicia es necesario así mismo, no ceder un ápice a la Administración regional en materia de lucha contra la violencia de género. La coordinación entre juzgados especilizados en esta materia es demasiado importante como para que la cuestión se deje en manos de las comunidades autónomas y que ello genere una desigualdad en el tratamiento del problema. 

En materia de política internacional, desearía personalmente que España, al igual que en su momento se colocó a la cabeza de la alianza de civilizaciones y de la extensión y aplicación decidida de los Derechos Humanos, lidere, ahora y sin complejos, la denuncia de la violación de los Derechos Humanos en Oriente Próximo, en concreto, en lo que se refiere al conflicto árabe-israelí. Si Israel sigue haciendo caso omiso y dirigiendo sus objetivos militares contra la población civil palestina, la respuesta de la Unión Europea debería ser enérgica: cabría revisar el volumen de productos israelíes que entran en el mercado europeo así como la participación de su selección y sus equipos de baloncesto en la Eurocopa o en Eurovisión. En matería de Defensa, cabría preguntarse si, en lugar de volcar los esfuerzos que actualmente se destinan a Afganistán no sería más correcto enviar fuerzas de interposición a la Franja de Gaza bajo bandera de la OTAN o de la ONU, con el fin de apresar a los terroristas de Hamás, asegurando que su detención se lleva a cabo respetando escrupulosamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por último, creo que en materia de Cultura el Gobierno español tiene que acometer grandes empresas para el año próximo. En términos generales, avanzar hacia la consecución de una política unitaria en materia de cultura que unifique los criterios de la política española en este campo, tanto a nivel interior como exterior. Apreciaría, además, que no se delegara un sector del cual ahora se descubre que mueve mercados y relaciones  diplomáticas en manos no expertas, porque ello puede limitar su campo de acción y disminuir sus efectos positivos, incluso en la política exterior y comercial. La expresión cultura en libertad (culture en liberté) nunca antes había significado tanto como ahora de cara al nuevo año.    

Feliz Año 2009 a quien pase por aquí y mis deseos de que todo proyecto positivo se haga realidad.

Y yo me pregunto:

1. ¿La comparecencia de Miguel Ángel Moratinos en el Congreso puede considerarse una claudicación en toda regla ante el PP y el anterior gobierno de José María Aznar?

2. ¿Se trata de un viaje al centro por no decir una “derechización” de la política exterior española del actual Gobierno socialista?

3. ¿Se trata, por el contrario, de una comparecencia donde se decidió que primara la “Razón de Estado” por encima de un programa político basado en unos valores determinados?

4.¿ Semejante postura no supone una puesta en entredicho del papel de España como acérrima defensora de los Derechos Humanos y de las políticas de cooperación internacional con estados de continentes como África y Asia e, incluso, un obstáculo para el replanteamiento de la estrategia de seguridad basada en la preponderancia de la actividad diplomática en Afganistán y, más recientemente, en Pakistán?

5. ¿O bien, por el contrario, se trata de dar la imagen de España de cara al exterior como un país estable que tiene una línea maestra y continuista en aspectos fundamentales de la política exterior de cara a sus socios?

6. Dentro de casa, ¿puede dar lugar la postura del Ministro de Asuntos Exteriores a una interpretación de debilidad del Gobierno actual por parte de la derecha por tener,quizá, mucho que callar en el espinoso asunto de los vuelos de la CIA y, en el caso de la izquierda, como una muestra de que el partido de izquierdas con más posibilidades reales de gobernar (gobernando de hecho) se pliega al compás marcado por la Administración norteamericana neocon y por el ala más derechista del Partido Popular?

7. ¿O quizá Moratinos se ha limitado a mantenerse, de manera estricta, en su papel de jefe de la diplomacia española recalcando, sencillamente, que el gobierno de Aznar autorizó esos vuelos y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no fue debidamente informado en su momento pero sin echar más leña al fuego en tanto en cuanto Elena Valenciano ya ha manifestado cumplidamente la postura del PSOE respecto a esta cuestión para enfado de Arístegui y del PP, teniendo en cuenta, además, que el juez Ismael Moreno va a llamar a declarar a Miguel Aguirre de Cárcer y a Javier Jiménez Ugarte además de solicitar la remisión del conocido informe del Ministerio de Asuntos Exteriores calificado de “muy secreto”?

Ley del puñetazo en la mesa

 

 

He aguardado desde hace meses antes de hacer un post acerca de este tema, pero mi paciencia tiene un límite. He esperado tanto precisamente por mis escasos conocimientos en la materia, y, aunque esto último no ha cambiado especialmente, he creído necesario dedicarme a hablar de lo que conozco en muy escasa medida, debido a que las opiniones de profanos pueden aportar, muy de vez en cuando, un nuevo punto de vista que deje paso a la lógica aplastante.

Creo que el asunto de la Justicia en este país clama al cielo y parece necesitar de soluciones enérgicas, de dar un puñetazo en la mesa y decir: hasta aquí hemos llegado. Creo que José Antonio Alonso y Mariano Fernández Bermejo serían los más indicados en este sentido. Si estuviera en la piel de Alonso me opondría frontalmente a la designación de José Hernando y Enrique López para el Tribunal Constitucional. El PP, entonces, parece haber avisado Cospedal, acusaría al Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero de haber incumplido -de nuevo, según manifiestan- otro pacto. La diferencia está en que quien ha roto la baraja sibilinamente y de manera farisea -para variar, en respuesta a Cospedal- ha sido el Partido Popular. Durante la negociación se estableció que no se recurriría al veto -como se dedica a recordar el PP continuamente- pero también quedó acordado que cada gobierno autonómico designaría libremente y de manera independiente a dos de los veintitrés candidatos que figuraban en la lista propuesta. El PP ha incumplido esto imponiendo el voto a favor de Hernando y López a todos los presidentes regionales de esta formación. Ahora los nombramientos van camino del Senado, son indigeribles para el Grupo Socialista y los grupos nacionalistas vascos y catalanes, pero no se puede hacer nada. Pues sí: votar en contra o utilizar la capacidad de veto, aunque lo más idóneo habría sido que Alonso hubiera parado en seco el proceso con todos sus medios en cuanto tuvo indicios de la que se avecinaba.

Actuando de esta manera, la renovación del Poder Judicial podría aplazarse indefinidamente pero, por otra parte, es intolerable que, con un gobierno socialista en el poder cuyo mandato aspira a prolongarse ocho años desde su victoria en 2004, deba acarrear con un Poder Judicial totalmente influido por la mayoría absoluta de Aznar. Y lo que es aún más inadmisible: ver cómo dos funcionarios públicos que, independientemente de la asociación de la magistratura en la que se encontraran inscritos y ejerciendo el derecho asociativo estipulado por la Ley, usaron informes oficiales como vehículos para transmitir opiniones de índole personal marcadas por un tono manifiestamente partidista en torno al Estatut de Catalunya o al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Mariano Fernández Bermejo también vive un momento conflictivo. A raíz de la sanción a la secretaria del juez Rafael Tirado no sólamente los compañeros de profesión de esta funcionaria sino también los jueces se han empezado a movilizar. Precisamente cuando esta secretaria, según varios medios de comunicación, había acumulado diversas faltas que podían evidenciar, presuntamente, una actitud negligente. Si bien pienso que la sanción impuesta a la secretaria ha sido desproporcionada respecto a la que se estipuló para su superior, creo que es, sencillamente, inaceptable que los jueces hayan empezado a moverse de manera más o menos sibilina para exigir la dimisión de Bermejo. Pero, ¿esto no es acaso una insubordinación de la mayor gravedad? Desde luego, para mí no tiene otro paralelismo que la resistencia de un general a reconocer la autoridad de la ministra de Defensa. 

Leí en una nota emitida por varios jueces que con este tipo de medidas el Gobierno se descargaba de responsabilidades respecto al mal funcionamiento de la Justicia y que se actuaba con impulsividad ante un hecho tan desolador como la muerte de una niña a manos de un indeseable. Yo doy la vuelta a esta afirmación: la actitud de una parte de los magistrados encierra, a mi modesto entender, quizá equivocado, un corporativismo nada deseable y todos estos movimientos, van a cubrir a personas y privilegios que no han lugar. Ni más ni menos. Y, por último, no olvidemos quién es el gran perjudicado de esta pantomima: el ciudadano o ciudadana de a pie, en particular, uno de los elementos más vulnerables de la comunidad: una niña de cinco años, entre otros y otras. Por ello creo, sinceramente, que estas situaciones tienen que ser atajadas de raíz.