La democracia 2.0 desenmascara a Güemes

Imagen dedicada a los “tolerantes” como Güemes. No queríais caldo, pues ahí van tres tazas.

Me siento orgulloso de informar, tratando de crear opinión, como es el deber de quienes escribimos para Progreso 21,  de sucesos como el siguiente. Dos jóvenes hasta hoy anónimos en España han visto hoy sus nombres escritos en el diario gratuito 20 minutos y el fruto de su labor maratoniana de las últimas cuarenta y ocho horas, plasmado a toda página en la sección de noticias de la Comunidad de Madrid del diario El País o un espacio pequeño pero no por ello desdeñable en Público, que por lo que se ve, hubo de dar la noticia antes de la salida del diario a los quioscos. Antonio Cartier y Juan Pérez, blogueros por convicción y vocación, han llevado a cabo una labor épica de periodismo y comunicación en la Red de redes. Con el destape de la verdadera actitud del dirigente del PP madrileño, Juan José Güemes, han dignificado la labor periodística y han demostrado que Internet permite un uso humano y elevado de las nuevas tecnologías, que, como tantos otros instrumentos, tienen su bondad o perversión en la intención de quien lo utiliza.

Puede que buena parte de la opinión pública y su círculo de amistades no sean conscientes de la trascendencia de su acción. No sólo dos jóvenes comunes y corrientes han demostrado las falacias y el verdadero tono ideológico de un politico que hace y deshace desde el cheque en blanco que otorga la mayoría absoluta sino que, además, han puesto al descubierto a través de un caso particular la necesidad de reflexionar desde la sociedad civil y por parte de la ciudadanía sobre una miseria intelectual desde el punto de vista ideológico que hacen pensar seriamente si con Franco, como tantos nos quieren hacer pensar, murió el franquismo. La demostración empírica de un hecho existente, objetivo, puesto a la vista de todos, no ha hecho sino confirmar lo que buena parte de la opinión pública cree y, por desgracia tantas veces, no comenta en voz alta: España carece de una derecha verdaderamente democrática en sus más profundas ideas, prácticas políticas, discurso y en la relación con las instituciones.

Juan José Güemes, en un rapto de humor peculiar, trató de escribir un Diccionario progresí con aportaciones de su propia cosecha y, según el mismo asegura, de lo que desearan aportar ciudadanos que simpatizaban con su causa que, a grandes rasgos, no soy capaz de resumir con otro lema que no sea “arrasa -verbalmente al menos- todo lo que no entiendas”. En esta joya de la lingüística derechista se define a la feminista -dan por hecho que sólo puede ser mujer- como aquella persona de sexo femenino que inventa términos para compensar su complejo de inferioridad. También contiene algún que otro zurriagazo a la cultura española haciendo mofa y escarnio de buena parte de las y los artistas españoles que no comparten su ideología política. Pero lo que se lleva la palma es la definición de gay como “homosexual con estudios que, aprovechándose de su formación, consigue subvenciones del Estado con la aquiescencia de todos los partidos de izquierda”. En un intento desesperado a la par que poco elegante, trató de ocultar su acción cuando un internauta, Juan Pérez, recriminaba su actitud, borrando la entrada de su peculiar glosario, y contestando a este mismo internauta simulando no saber a lo que se refería.

Pero el 2.0 es transparente para quien sabe moverse por él, no entiende de mayorías absolutas ni de bravuconadas en la Asamblea Regional. Siguiendo el rastro de la cuenta de Twitter que el yernísimo de Fabra ”privatizó” -cree que todo funciona como la Sanidad madrileña bajo su mando- y el pantallazo realizado en un alarde de prudencia, nuestros activistas cívicos han reunido pruebas irrefutables que han -y todavía habrán- de circular por las redacciones de toda España. Tanto en el blog de Antonio Cartier como en Digresiones 3.0, se podrá obtener una relación pormenorizada y objetiva de lo ocurrido, desgranando datos y presentando el cuerpo del delito.

El denominado franquismo sociológico sigue entre nosotras y entre todos nosotros. Con este término se alude a un residuo ideológico todavía no excretado por la sociedad española y que permanece aún, después de casi treinta y cinco años de la muerte del dictador, provocando indigestión. El franquismo sociologico se manifiesta en esos comentarios aparentemente inofensivos para una buena parte de la población, normalizados en la vida diaria pero que delatan la presencia de una derecha que todavía está por hacerse en el marco de un régimen constitucional. Aunque detrás de toda sigla se agrupan individuos, personas diferentes unas de otras, no podemos obviar el hecho de que esas mismas personas se agrupan en torno a intereses y valores comunes en sus líneas más generales. La actitud de Güemes no hace sino recordarnos que este Partido Popular que ahora se arroga para sí el protagonismo de la Transición española, es una refundación de la Alianza Popular de Manuel Fraga, que en su día se opuso con vehemencia primero a las reformas encaminadas a desmantelar los resortes fundamentales de la administración franquista y, más adelante, a buena parte de los artículos más fundamentales de la Constitución española de 1978 y cuya defensa e interpretación reclaman para ellos en exclusiva.

Gracias a dos avezados blogueros, buenos amigos y mejores personas, puedo cerrar esta pequeña columna sin un alegato crispado y sin mesarme los cabellos clamando contra lo que a buen seguro es la derecha más reaccionaria de Europa. Por supuesto, eso sí, dejando en el aire la pregunta de si Güemes debería responder judicialmente por las lindezas vertidas haciendo uso deliberado de su autoridad, posición y prebendas que le ofrece el cargo que ostenta. Pero hoy, sobre todo, quiero agradecer a estos dos valientes su labor, gracias por poner luz en la oscuridad, por poner buen olor entre tanta pestilencia cañí, muchas gracias, en definitiva, por arrancar una sonrisa y relajar el rostro de algunos ciudadanos conscientes cuando nos encaminamos en el transporte público a nuestros lugares de trabajo y estudio con el periódico bajo el brazo.

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Por el derecho a decidir. Con las más jóvenes

Juventudes Socialistas de España lanza una nueva campaña donde el apoyo inequívoco a favor de la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El vídeo forma parte de una campaña donde se desmontan los escasos argumentos de las asociaciones fundamentalistas católicas y del Partido Popular. Porque la solución a un problema radica en afrontarlo con sinceridad y de frente, en lugar de esconder la cabeza para luego actuar de tapadillo, con soluciones hipócritas. Un buen golpe ético, sin lugar a dudas, a la doble moral de talonario y sacristía.

Con las más jóvenes, por su DERECHO a decidir.

Ley de Extranjería: suma y sigue

Queridas lectoras, queridos lectores. Creo que quienes leéis mi blog o mis artículos a menudo no habréis podido contabilizar ni una sola palabra soez o fuera de tono. Ahora, por el contrario, creo que la situación lo está pidiendo a gritos. Os voy a explicar, si me lo permitís, las diferencias entre negativo, pésimo y jodido. Negativo es que un joven socialista sostenga ideas socioliberales, pésimo es que esa misma o ese mismo joven sostenga ese tipo de ideas porque confunde socioliberalismo con socialdemocracia y jodido es que esa o ese joven se esté licenciando en Ciencias Políticas. Este caso se da actualmente en la organización política a la que me honro de pertenecer, si bien, por el momento, no es generalizado.

No obstante, creo que es para empezar a alarmarse, porque, si las tendencias socioliberales arraigan demasiado en jóvenes que habrían de ser vanguardia y recambio generacional, puede que la socialdemocracia, tal como la conocemos actualmente, esté en peligro de extinción si atendemos a lo que observamos en nuestras y nuestros compañeros de partido. El socioliberalismo más que ser una ideología es más bien un estado de transición en el que se empieza renunciando a propuestas socialdemócratas en materia económica para acabar abrazando las proposiciones claves del pensamiento neoliberal en materia social, y lo que es infinitamente más grave, sin ser muchas veces conscientes de lo que estamos haciendo. Se empieza por asumir de rondón las recetas de las formas del capitalismo más destructivo y especulador para terminar obviando, por inercia, las ideas que en materia de bienestar, progreso y derechos civiles nos distanciaban hasta ahora de la derecha.

Todo esto viene al hilo de la aprobación de la reforma que pretende el endurecimiento de la Ley de Extranjería que el Gobierno piensa sacar adelante con los votos del Grupo Parlamentario Socialista, Convergència i Unió y Coalición Canaria. Pierde de este modo el PSOE una excusa muy socorrida para justificar el voto a favor en la llamada Directiva de la Vergüenza que tuvo a ponentes tan destacados como Sarkozy y Berlusconi: el Grupo Socialista en la Eurocámara pensaba votar mayoritariamente a favor para no quedarse solo frente a liberales y democristianos que podían boicotear propuestas venideras. Hemos dejado a nuestro Gobierno socialista solo ante el peligro. Y por tecera o cuarta vez en lo que va de año vuelve a girar a la derecha; lo peor, en este caso, es que ni siquiera se ha molestado en amagar una salida por la izquierda.

La justificación más sólida que se les ha ocurrido a las compañeras y compañeros del Grupo Socialista es que no se puede dar papeles para todo el mundo. Aparte del tufo derechón que tiene esta afirmación, que a estas alturas roza la categoría de cliché, no nos han descubierto nada nuevo.

La nueva ley pretende limitar el reagrupamiento familiar, lo que significa que la o el inmigrante tendrá que llevar residiendo cinco años en España para traer a su cónyuge -aun no existiendo vínculo matrimonial-, a las hijas e hijos siempre y cuando sean menores de dieciocho años y a los padres que superen los sesenta y cinco años de edad. Esta limitación puede ser comprensible hasta cierto punto, más en tiempos de crisis y porque todo proceso migratorio requiere una adaptación del individuo y la integración social -vital si queremos evitar la formación de ghettos- por lo que una venida en masa -que nunca se produce pese a las advertencias de voces agoreras- puede facilitar las cosas a los explotadores de turno al contar con ingentes cantidades de población desarraigada. Por otra parte, no es menos cierto que las posibilidades de reagrupamiento actuales podían ser una oportunidad para que la persona pudiera mantener a su familia aquí y no enviar remesas a su país que, aparte de los costes para la o el inmigrante, es dinero que no se queda en España. Además, al paso que llevamos en lo que al envejecimiento de la población autóctona se refiere y la baja tasa de natalidad, la población inmigrante es decisiva a la hora de contribuir a la Seguridad Social para pagar las pensiones venideras de nuestros padres y las de nosotras y nosotros mismos.

Los aspectos más novedosos de la Ley son casi una réplica dulcificada de la política de inmigración de Sarkozy, como mínimo. La nueva Ley de Extranjería amplía el plazo de internamiento en un centro especialmente designado para el inmigrante sin papeles de cuarenta a sesenta días. En este tiempo, permanece recluido, incomunicado y, dado que no se le acusa de ningún delito concreto, sin posibilidad de recibir asistencia legal ni asesoramiento jurídico. Se pueden imponer multas de hasta 10.000 euros a quien favorezca la estancia de una persona extranjera en situación irregular, así se pretende -se argumentará- evitar que alguien dé cobijo a inmigrantes para poder utilizarlos como mano de obra sin derechos, pero creo que esto incidirá en la ruptura de cualquier lazo de solidaridad con la persona que se persigue y que ha cometido, presuntamente, una infracción administrativa, no un delito. Sin embargo, la disposición más deleznable, sin lugar a dudas, es la que echa por tierra la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Plan Integral contra la Trata que han sido aprobados por el mismo gobierno que ahora pretende que, mediante esta reforma, las mujeres extranjeras que denuncien violencia de género puedan ser expulsadas sin contemplaciones si se encuentran en situación irregular y, supongo que por derivación, a las mujeres que se atrevan a escapar y denunciar a las mafias que las han traído ilegalmente a España para utilizarlas como esclavas sexuales. Nos hemos coronado, compañeras y compañeros de partido. Suma y sigue.

Más allá de la caspa y lo cutre

 

 

Ayer se manifestaron por las calles más céntricas de la capital de España los autodenominados “pro-vida”. Dado que esto es un concepto excluyente, como el nacionalismo que emana por sus poros, porque es como decir que los demás somos favorables a la muerte o que no nos gusta la vida, prefiero llamarlos contrarios-al-derecho-a-decidir. A que las mujeres sean dueñas de su propio cuerpo y, por tanto, a que se materialice de hecho su completa autonomía jurídica. A diferencia de muchas y muchos amigas, amigos y conocidos no siento indignación. Y no crean que por un sentimiento bonachón de “son sus ideas y hay que respetarlas”. Creo que tolerancia no es sinónimo de que todo sea tolerable y no puedo tolerar una manifestación contra los derechos de más de la mitad de la población. No obstante, lo de ayer me inspiró sensaciones encontradas de comicidad, desprecio y compasión.

Sí, precisamente por ese orden. Comicidad, porque las peticiones de los convocantes eran algo así como si en pleno 2009 salieran a la calle diciendo que el agua corriente, el alumbrado público y la red de alcantarillado son inventos satánicos que han de ser barridos de la faz de la tierra porque la pureza y virtud de las costumbres reside en ir a andar varias decenas de kilómetros cada día para conseguir agua o enfermar de tifus y disentería por vivir entre torrentes de agua sucia y excrementos. Cualquiera que reivindicara lo que aquí se plantea nos obligaría, seguramente, a pensar que la marcha ha sido convocada por personajes de una novela de Kafka o de alguno de los desconcertantes ensayos de José Saramago. El desprecio es el más mezquino de estos sentimientos, lo admito, pero por más que reflexionaba no comprendía cómo alguien podía pasar semejantes fatigas en un autobús -la mayoría de los manifestantes pasaba con holgura de los cincuenta y cinco años aproximadamente- para hacer el juego a las “fuerzas vivas” del entorno rural franquista que han amasado ingentes fortunas, entre otras cosas, con la credulidad de esas personas. Sin embargo, con la cabeza fría, el desprecio da paso a la compasión, al ver a una madre sevillana con nueve hijos -había acudido con seis de ellos- con la mirada perdida y extraviada, el rostro curtido y surcado por arrugas que denotaban fatiga y sufrimiento. Una expresión en su cara que era la viva imagen de la alienación del proletario descrito por los pensadores marxistas a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Nótese, de hecho, que proletario viene de ”prole” ¿qué poder de manipulación puede tener una institución como la Iglesia católica para que alguien termine pidiendo que le  arrebaten las medidas de planificación familiar, la posibilidad de decidir cómo y cuándo quiere ser madre y, ya puestos, la jornada de 35 horas semanales o tan siquiera el derecho a trabajar? Ver a esta señora me recordó a los que gritaban “¡Vivan las caenas!” y tiraban con entusiasmo del carruaje de Fernando VII a la vuelta de su exilio.

La manifestación reunió a unas 200.000 personas según datos de la Policía Nacional, que suelen ser los más fiables. La Comunidad de Madrid, en cambio, eleva la cifra hasta más de un millón. No me extraña que el Gobierno regional se pronuncie de esta manera. Hay que tener en cuenta que el show de ayer fue financiado con dinero público regional. Resulta que la Comunidad de Madrid ha dado 230.000 euros a siete de los grupos convocantes. Esperanza Aguirre y sus consejeros son, por tanto, parte directamente implicada que cada vez muestran menos pudor en financiar a grupos fundamentalistas católicos. Como los gobiernos teocráticos musulmanes en países como Irán, Afganistán o Arabia Saudí, plataformas como hazteoir.org, al mando de Ignacio Arsuaga, defienden sin escrúpulo la imposición de una concepción cristiana en la sociedad. Al hilo de esto, creo que Aznar y Aguirre han incurrido en un pecado capital: soberbia. Y parecen no acordarse de que, según su propia visión del mundo, todo pecado lleva aparejado un castigo. A ver si después de lo de ayer queda claro para una mayoría de la sociedad española que el liberalismo no existe en el PP y desde luego no en la tendencia representada por Aznar y Aguirre. Son derechones, de los de toda la vida, de hecho, dada su apología del nacionalismo español y su voluntad de imponer a todo el conjunto de la sociedad los postulados de la Iglesia católica ¿sería incorrecto calificarlos de nacional-católicos, atendiendo a un sentido literal del término? Esto hace que su empuje político se reduzca en el PP y que Aguirre, más allá de las fronteras de la región madrileña, no consiga arrastrar masas en el resto de España, por más descontento que exista contra el Gobierno central. Puede que Aguirre, por su orgullo, haya contribuido, en contra de su voluntad, a prolongar la agonía del actual líder, Mariano Rajoy.

Más allá de la indignación lógica de las personas y medios de comunicación progresistas o simplemente mínimamente ilustrados y racionales por este despliegue de personas voceando consignas de poco peso intelectual y mucha casposidad, conviene reparar en algo bastante más siniestro. Lo visto ayer en la Plaza de la Independencia, no fue más que la avanzadilla, la infantería de lo que se nos viene encima, puede que incluso una vez aprobada la ley si no se combate desde la sociedad civil. Estos sectores antiabortistas han elaborado el programa Madre, que pretende constituirse, según dicen, como una red de apoyo a la maternidad. El programa se está empezando a desplegar a día de hoy en Castilla León y la Comunidad Valenciana. Consiste, en líneas muy generales, en que convencen a una mujer embarazada para que lleve a cabo la gestación hasta el final.

Si la mujer es mayor de edad, se le ofrece -dicen- un pequeño sueldo o “beca” para ello. Si es menor, se le ofrece alojamiento en un piso y la visita de profesores particulares para que siga estudiando sin ir a clase para evitar que haga esfuerzos. Los costes de todo esto, en el caso de una menor, correrían a cargo de una familia que habría ”apadrinado” a la adolescente por decirlo así. No hay que hacer un gran esfuerzo para imaginar lo que debe ser que a una mujer inmigrante sin papeles o en paro o sin pareja con quien compartir los gastos a lo que hay que sumar la ansiedad por un embarazo no deseado, sea puesta ante semejante situación. Y no digamos en el caso de la menor que, según dé a luz, entregue su bebé a la familia de acogida que ha corrido con sus gastos. Se está facilitando la compra de una niña o niño, así, como lo leen, como en los mejores tiempos de las dictaduras chilena o argentina.

 

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Cuando las cifras definen un concepto

El diario Público aparecía ayer con la violencia de género como portada. En las cinco primeras páginas, se incluía un reportaje junto a la última noticia. En la madrugada del domingo dos mujeres eran encontradas muertas, presuntamente asesinadas por sus ex-parejas. Con éstas dos muertes ya se elevan a 45 el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex-parejas en lo que va de año, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Igualdad. Con marcado acierto a mi entender, el periódico mencionado elabora un patrón a partir de quince sentencias dictadas a raíz de otros tantos asesinatos. Público, es necesario decirlo -aunque por ello puedan acusarme a mí o al diario para el que escribo de posicionamiento clientelista- se ha caracterizado hasta ahora por demostrar que la prensa seria y veraz no está reñida con el compromiso social, y hasta ahora ha sido un ejemplo, sin duda, del tratamiento adecuado que un medio de comunicación habría de dispensar a un tema de esta envergadura. Todo ello, junto a la aspiración de ser uno de los principales diarios generalistas que no se lucra mediante los anuncios de prostitución.

A través del seguimiento de diversos casos y sentencias, se pueden rastrear patrones idénticos en la situación vivida por la víctimas en relación con sus agresores, así como en el comportamiento desarrollado al iniciarse los trámites de denuncia -si la hubiera- separación y, finalmente, la agresión que acaba con la vida de la mujer. En los quince casos expuestos por Público, se hace constar en la sentencia que la mujer rara vez había presentado denuncia contra su pareja por malos tratos, como también es recurrente la afirmación de que una o más personas del entorno de la víctima tenían conocimiento de las agresiones, las cuales tienden a producirse cuando la mujer decide acabar con el suplicio de su relación. Lo más impactante es que después de la ruptura, en la inmensa mayoría de los casos, las víctimas tuvieron algún tipo de contacto con su agresor, bien por propia voluntad, por chantaje del segundo o por un régimen de visitas draconiano en caso de que hubiera descendencia de por medio, cosa que no menciona el reportaje y que, por cierto, se tiende a olvidar a menudo, incluso por quienes se encargan jurídicamente del asunto.

Luego tenemos a los agresores. Una buena parte de los casos examinados hablan de tipos huraños, posesivos, controladores y violentos, aunque sea en principio verbalmente, ya desde el mismo comienzo de la relación. Por lo que se deja ver a través de los testimonios, tienden a pensar que la ruptura nunca es definitiva y que ella vendrá tarde o temprano a reconciliarse con ellos. Para esto, ponen en marcha todas las triquiñuelas de manipulación psicológica que están a su alcance y, si no lo consiguen, recurren a la violencia. Una violencia inusitadamente desquiciada que, a menudo, tiende al ensañamiento con la víctima pero que se caracteriza por una frialdad suficiente para no dejar lugar a dudas: hay intención de matar, de evitar que ella escape y haga su vida repitiendo a menudo, según recogen sentencias y testimonios, la coletilla que lleva consigo una sentencia explícita de muerte: “si no eres mía, no serás para nadie”.

“Para”, “mía”. Palabras simples e inofensivas si se toman aisladamente pero que encierran un problema enquistado en todos los modelos de sociedad conocidos hasta entonces y existentes en el mundo: la concepción de la mujer como una cosa, un objeto y, por derivación, como una propiedad. Podemos seguir haciendo oídos sordos, podemos seguir diciendo que eso no va con nosotros o que es, mayoritariamente, un problema de culturas diferentes a la occidental con un poso patriarcal más fuerte. Sin embargo, los casos-tipo de sentencias recogidas en Público, muestran cómo todos los agresores son españoles y, las víctimas, a veces, en este caso sí, mujeres inmigrantes que recalaron en España sin papeles. En un patriarcado tan “dulcificado” -como tantos piensan -o, incluso, niegan- como el que se da en las sociedades europeas occidentales, hay mujeres que son marcadas para el resto de su existencia con el trauma de la violación, que es, al fin y al cabo, en sí misma, una muerte en vida o del asesinato por el mero hecho de ser mujeres y ser concebidas como una propiedad por parte de algunos que inician una relación con ellas.

La consideración de la mujer como objeto en el mundo del marketing -para que luego pongamos los ojos en blanco o digamos lo exageradas que son algunas componentes de los colectivos de mujeres y feministas- así como la permisividad que existe en la mentalidad colectiva a que todo se pueda vender, incluído el cuerpo de una persona y sobre todo el de una mujer, pueden estar teniendo una influencia paulatina pero directa en ciertos patrones de comportamiento. Un ministerio de reciente creación como el de Igualdad puede y tiene mucho que decir y cobra un significado pleno cuando se dedica a coordinar los esfuerzos de los poderes públicos para combatir una lacra que deja al año más muertes en nuestro país que el terrorismo de cualquier otro signo y un número de fallecidas si no superior, sí muy parejo al que puedan ocasionar los accidentes laborales. Una institución como el Ministerio de Igualdad cobra pleno significado en época de crisis económica, precisamente porque es en etapas tan difíciles cuando las desigualdades se hacen más patentes que nunca. Esperemos que los datos hablen por sí solos de tal manera que se incremente ese 2% de españoles que considera la violencia de género como uno de nuestros principales problemas. Este cambio debería iniciarse, desde luego, por parte de los hombres.

No puedo evitar quedar estupefacto cuando de forma más explícita o más solapada se habla de esta lacra como un “problema de mujeres”. Creo que es más bien al revés y, por ello, mientras ponemos los cimientos para una educación en igualdad y la transmisión de modelos de masculinidad, de ser hombre alejados de la violencia y basados en la asertividad, debemos sumarnos a iniciativas como las ”ruedas de hombres”, concentraciones convocadas para expresar, de forma inequívoca y específica, la repulsa a la violencia machista por parte de los hombres y que tendrán lugar el 21 de octubre en las plazas mayores de ciudades como Valencia, Málaga, Murcia y Barcelona y, por supuesto, a aquellas previstas para el 25 de noviembre.

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Entre un hombre y una mujer, maltrato cero

 

De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero.

http://www.maltratozero.com/#/home/

 

016: TELÉFONO CONTRA LOS MALOS TRATOS (24 horas)

I.V.E: debate “typical spanish”

Aunque detesto caer en tópicos, más de una vez he oído decir que el hecho de opinar con poca o nula información sobre el debate entablado en un momento dado, es a la vida cotidiana de nuestro país lo que la paella a su gastronomía. Al parecer, policía, entrenador de fútbol y político son profesiones en las que todas y todos descollamos en el suelo patrio. Cuántas veces en la calle habremos escuchado a testigos de una detención decir: “no entiendo por qué han ido cuatro a esposarlo, yo, con una proyección de muñeca o de codo habría podido engrilletarlo en un santiamén”, o, viendo un partido de fútbol, “¿a qué viene sustituir a ése en el minuto tal? No hay razón que justifique ese cambio” y, en las tertulias de cafetería, seguro que más de una y uno nos hemos visto haciendo las labores de diligentes psicoanalistas de algunos dirigentes políticos y elaborando teorías, a cada cual más rocambolesca, sobre las razones ocultas -y verdaderas, por supuesto- por las que se ha adoptado una determinada decisión.

Parece que el tópico se ha cumplido durante el proceso de elaboración de la nueva Ley de Interrupción del Embarazo. Supongo que la misma tendencia se mantendrá, pudiendo agudizarse, tras la aprobación de la nueva norma. Para saber de qué hablamos convendría saber de qué presupuestos y orígenes partimos y escuchar a las expertas, expertos y legisladoras que han intervenido en llevar esa ley a buen puerto, por lo menos, en lo que a su aprobación se refiere. Es imprescindible señalar que el debate “aborto sí, aborto no”, es obsoleto, agotado, es lo más parecido a iniciar una discusión, en pleno siglo XXI, sobre si volver a instalar las viejas computadoras de varios centenares de kilogramos de los años setenta en las oficinas de nuestro país, eliminando la conexión a Internet. Es, sencillamente, absurdo, de otra época. Ese debate en torno a la interrupción del embarazo quedó zanjado en España a principios de la década de los ochenta del siglo pasado.

La aprobación del anteproyecto de ley supone un cambio de trescientos sesenta grados en la concepción jurídica de esa cuestión relativa a la salud reproductiva y sexual de las mujeres. Se trata de eliminar la concepción punitiva de la interrupción salvo en ciertos supuestos, para que impere el concepto de derecho de la mujer a elegir algo tan elemental como cuándo y en qué circunstancias desea ser madre. La ley anterior se ha tornado en obsoleta y casi inútil por completo. En primer lugar, porque esa misma carencia de la concepción jurídica del fenómeno como delito ha provocado riesgos en la protección de los datos e identidad de las mujeres que han de pasar por ese trance. Dada esta situación, numerosos especialistas se han declarado objetores, no tanto por sus creencias personales sino por el miedo y la inseguridad a la persecución jurídica, policial y al acoso y amenaza de los grupos violentos fundamentalistas.

En esta ley se ha pretendido combinar lo más adecuado de la vertiente de plazos con otros elementos propios relativos a las indicaciones. Frente a esta ley, los centros sanitarios no pueden declarar objeción de conciencia. Un edificio no tiene derechos jurídicos propios, en todo caso una o un profesional concreto. Sin embargo, la objeción de conciencia nunca puede estar reñida con el derecho de la paciente a ser informada acerca de los facultativos que se encuentran dispuestos a prestar ese servicio y en qué centros ejercen. La nueva ley, aparte de tener aplicación en todo el Estado, establece que la objeción de conciencia no puede impedir el acceso a esta prestación en toda la red sanitaria pública de las comunidades autónomas.

La Ley de IVE aprobada en el Congreso de los Diputados, establece que las menores pueden interrumpir su gestación a partir de los 16 años sin el consentimiento de su madre, padre o tutor legal. Este punto, tan polémico, no se ha tomado a la ligera ni es baladi. Aparte de evitar que una adolescente eche a perder el resto de su vida con el embarazo, parto y crianza de un hijo que no desea, hay un problema en el que la opinión pública aparece no haber reparado: ciertos sectores sociales y minorías étnicas se independizan a una edad muy temprana y viven como adultos de facto, no siendo difícil encontrar en estos grupos de población madres primerizas antes de los dieciséis. Dadas las circunstancias, es insostenible que a las mujeres inmersas en esas comunidades se les prive del derecho a decidir sobre su maternidad cuando en todos los demás aspectos de la vida son jurídicamente independientes. Precisamente, al reducir la edad mínima para interrumpir sin consentimiento de terceros, la ley mantiene un protocolo de información y educación sexual con el fin de prevenir embarazos no deseados e instrucciones para el correcto uso de métodos anticonceptivos, programa que será prolongado, de forma coordinada, en escuelas, centros juveniles, etcétera.

 La peculiaridad de este punto reside en la constatación de que la ampliación de una ley de IVE no significa, necesariamente, un aumento en el número de interrupciones practicadas. El caso más paradigmático serían los Países Bajos, donde se da la ley más permisiva de toda la UE y, sin embargo, es precisamente donde menos interrupciones del embarazo se producen. Por último, tan sólo queda destacar que ha sido en el PSOE desde donde ha salido adelante la ley, con el inestimable apoyo, por supuesto, de los demás grupos y es para decirlo con la cabeza bien alta. Un apunte en referencia a esto: sí figura en el programa electoral del Partido Socialista la intención de modificar el marco legal anterior y, en contra de lo que muchos puedan pensar, esta medida está inserta en la labor fijada por este gobierno de proteger a la familia, a todas las familias: tan sólo basta recordar que ha sido una mayoría progresista parlamentaria la que ha posibilitado las ayudas de 2.500 euros por bebé nacido, ampliación del permiso de maternidad y la fijación y normalización de un permiso de paternidad de forma oficial. Para que hablemos con conocimiento de causa.

 

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V Premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género entregó ayer el V Premio al reconocimiento a la labor más destacada contra la Violencia de Género a Stieg Larsson. Quien fue su compañera, Eva Gabrielsson, recogió el galardón en su nombre. El autor sueco murió a los cincuenta años pocos días antes de ver aparecer la primera novela de la trilogía Millenium, que lleva por título Los hombres que no amaban a las mujeres. Lo irónico es que Larsson ha dado el salto a la fama como novelista una vez fallecido y que, además, la literatura fue cultivada en su caso por las noches, durmiendo apenas y, como quien dice, a escondidas.

Sin embargo, durante buena parte de su vida fue un periodista comprometido hasta un extremo casi militante. A lo largo de su carrera se afanó en denunciar y poner al descubierto toda muestra de violencia -política, de género, racista, etcétera- levantando la Fundacion Expo y estableciendo en Suecia lo que podría considerarse una filial de la revista británica Searchlight, cuyos autores realizan reportajes de investigación que la mayoría de las veces no firman con su verdadero nombre porque resultan incómodos para partidos políticos de extrema derecha, organizaciones neonazis y antisemitas y una buena parte del stablishment político y empresarial. 

Lo más impactante es que la actividad que Larsson desplegó de manera ardua, robando horas al sueño que terminaron por pasarle factura, pero, al fin y al cabo, siempre después de cumplir con las no pocas obligaciones que le imponía la dirección de la Fundación, fue lo que ha trascendido y lo que quizá ha puesto un granito de arena en la erradicación de actitudes que llevan a determinados tipos de violencia contra las personas por lo que son, como es la violencia machista. Quien ha leído sus novelas hilando fino -como destaca Montserrat Boix- puede observar perfectamente cómo el autor construye los perfiles psicológicos de sus personajes, con gran precisión y riqueza, desde una perspectiva feminista y de género. Y la elaboración de la trama y el esfuerzo para deleitar a quien lo lee, no le impide en absoluto deslizar denuncias contra la violencia de género en la idealizada -entono el mea culpa- Suecia.

La noticia de la entrega del premio, anunciada en el blog de la periodista mencionada, me ha entusiasmado especialmente porque, aunque a simple vista pueda parecer irrelevante, es sin duda un paso adelante el hecho de que tres novelas que han sido un rotundo éxito de ventas, en países de nuestro entorno, mantenga semejante perspectiva y planteamiento. Por ello, puede suponer un hito en la normalización del pensamiento y reivindicaciones feministas en el mundo de la comunicación y de la cultura de masas. Por otra parte, tampoco puedo dejar escapar la ocasión de “barrer hacia casa” al conocer la noticia. Tenemos a un hombre feminista que se ha convertido, aunque póstumamente, en un novelista de reconocida fama mundial. Puede que este hecho contribuya a despejar las piedras en el camino que impiden que los hombres se impliquen directamente en compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres, a que diluyan, aunque sea poco a poco, la actitud de “eso no va conmigo”.

En la contraportada de el diario El País apareció una entrevista con Gabrielsson.

 

Artículo publicado en Progreso 21

¿Sexo?

La semana pasada aparecían en los diarios generalistas la situación que se daba en las proximidades del mercado de la Boquería en Barcelona al caer la noche. Las prostitutas, en su inmensa mayoría procedentes de países subsaharianos, mantenían algo parecido a relaciones sexuales previo pago en los soportales de la zona, al fin y al cabo, en plena calle. La prensa recogía, como siempre en estos casos, los testimonios de los vecinos y de la asociación de comerciantes de la zona, indignados, más que por las condiciones en las que se producían estas transacciones, por la degradación que esta actividad traía a sus barrios y, por consiguiente, el perjuicio que podría derivarse en consecuencia. Siempre lo mismo: que no se vea, que hagan lo que quieran, pero en espacios cerrados o, aún mejor, fuera de los barrios de los denunciantes.

Esta semana, con el incremento de la presencia policial en Barcelona, tanto en la Boquería como en el Raval, se ha reabierto el debate en torno a la reglamentación o no reglamentación de esta práctica. Hoy jueves, el diario Público dedicaba dos páginas tratando largo y tendido este asunto. Aquí se volvía a debatir entre la posibilidad de reglamentar o no una práctica que en España se encuentra en un limbo legal. El Ayuntamiento de Barcelona parece que dará luz verde a la instalación de meublés, una especie de burdeles que comenzaron a ser cerrados masivamente en 2006 como consecuencia de la Ordenanza del Civismo. Lejos de resolver el problema, éste se ha intensificado, la presencia de prostitutas en la calle se ha disparado y el vecindario y las autoridades se preocupan. Junto a esto, el diario al que hemos aludido, informaba de que España era el único país de la Unión Europea que aún permitía a los diarios de mayor tirada y de carácter generalista lucrarse con los anuncios de prostitución. En el Reino Unido y Francia, aunque este tipo de anuncios eran, si no permitidos, sí tolerados en los diarios sensacionalistas, las leyes de sendos países equiparaban la publicidad de la prostitución con el proxenetismo.

A mi modo de ver, la equiparación no puede ser más acertada. El Gobierno español, en su plan integral contra la trata, incluía la petición a la prensa de retirar los anuncios de esta índole. De ser esto así, creo que no se puede apreciar una voluntad política seria de acabar con este fenómeno. No se trata de “pedir”, se trata de prohibir y castigar con la ley en la mano a quien incluya estos anuncios. La posición del gobierno con el Ministerio de Igualdad a la cabeza me parece acertada por otra parte y creo que su razón de ser no es la equiparación a otros países vecinos, en tanto que aquí se pretende vincular esos anuncios a la explotación de mujeres y niñas mientras que en Italia o Francia se trata, como en Barcelona, de ocultar el problema, de esconder lo que nos parece sucio debajo de la alfombra.

Y es precisamente esta actitud, la que ha supuesto pan para hoy y hambre para mañana en Barcelona, en lo que se refiere a esta cuestión en concreto. La prostitución sigue siendo alegal en nuestro país y, cuando se pretende hincar el diente al asunto, se recoge tímidamente ciertos aspectos de las posturas abolicionistas para criminalizar, perseguir y terminar de machacar a las mujeres que se vean abocadas a ese inframundo. Creo que la inmensa mayoría de quienes sostenemos posturas abolicionistas aplicando la perspectiva de género estamos de acuerdo en que, de buscar un culpable a una situación que brota de un problema estructural y de desigualdad, no es, en modo alguno, quien ejerce la prostitución, sino más bien a quien paga para que se mantenga. No se trata de jugar al ratón y al gato con estas mujeres sino de capturar, enjuiciar, encarcelar, expulsar y, finalmente, desarticular las redes mafiosas implicadas. Tampoco estaría de más dejar de realizar campañas buenistas, amparadas en la ignorancia de muchos hombres sobre las condiciones de vida de las mujeres que se ven obligadas a optar por ese modo de vida o que son retenidas a la fuerza por proxenetas y madames, sino, más bien, señalar al cliente; decir a quien paga que lo que hace es primitivo, rastrero y, sobre todo, lamentable porque dice muy poco de su valía; se trata de transmitir la idea de que la persona que paga por acostarse con otra lo hace por su incapacidad para mantener relaciones de igual a igual, porque es una nulidad a la hora de interesar, de seducir a alguien. La prostitución existe porque todavía se educa y se respira en el entorno valores de desigualdad por razón de sexo o condición económica.

Quienes me leen a menudo pueden estar tranquilos. Ante el argumento de que la existencia de locales habilitados para la prostitución sacaría a las mujeres de la calle y les daría una protección, no me extenderé afirmando que esto es un modo de tapar el problema, de esconder una realidad cruda e incómoda que podrá perpetuarse y ampliar la impunidad de quienes la sostienen porque podrán esconderse y gozar de dicha impunidad entre cuatro paredes. Tampoco me explayaré repitiendo a quienes se empeñan en afirmar que esta actividad raglamentada espantará a las mafias que en Bélgica y Holanda esto no ha sido así, sino al contrario. Sólo diré que no puedo disimular mi estupor y disgusto cuando alguien compara la abolición de la prostitución con la prohibición del sexo. No entiendo cómo a quienes sostenemos esta postura se nos puede acusar de querer mantener el sexo como tabú. Si sostengo tesis abolicionistas es porque, para mí, la prostitución no es sexo, es otra cosa, diría yo, que se encuentra en las antípodas del sexo, es una de las prácticas menos placenteras y más desagradables que puedo imaginar. Si esto es sexo, yo, entonces debo desconocer lo que significa esta palabra porque no puedo relacionarla con el significado que le otorgan quienes legitiman la prostitución. Del mismo modo que no comprendería lo que es amor desde el punto de vista de alguien posesivo y machista.

Gerald Gardner: científico y hombre igualitario

Sí; feminista, reputado científico y… hombre. Desde luego, encontrar estas características en una persona a mitad del siglo pasado no es precisamente fácil. Había nacido en Tullamore, Irlanda, en 1926. Tras graduarse en Física en el Trinity Colledge de Dublín, viajó a los Estados Unidos disfrutando de un contrato de trabajo en el Instituto Tecnológico Carnegie de Pittsburgh, donde pasaría buena parte de su vida. Fue aquí donde conoció a Jo Ann Evans, importante militante feminista y antirracista que pronto le hizo comprender que había otra realidad más allá del laboratorio.

En 1956 comenzó a trabajar con la Gulf Oil realizando prospecciones petrolíferas basándose en cálculos matemáticos. Gracias, en buena medida, a Evans fundó, junto a varias mujeres, la Organización Nacional de Mujeres. Se trataba de una asociación feminista que, en 1969, denunció ante las autoridades de Pittsburgh que Pittsburgh Press, el diario local de mayor tirada, publicaba ofertas de empleo segregadas por sexo. Trabajos de hombres y trabajos de mujeres. El periódico, que contaba con apoyos entre la Patronal, se sintió lo suficientemente fuerte para recurrir ante los tribunales.

Fue entonces cuando Gardner y sus conocimientos entraron en acción. Mediante cálculos estadísticos estimó que la sección dedicada a las ofertas de empleo “masculinas” era considerablemente más grande que la ofertada a mujeres, además de encontrarse en esta primera sección los trabajos mejor remunerados. Aunque la prensa siguió en su línea, el caso con las nuevas pruebas de Gardner llegaron al Tribunal Supremo que falló en favor de la denuncia presentada por la Organización Nacional de Mujeres, sentando un importante precedente: a partir de entonces la prensa no podría volver a publicar ofertas de empleo segregadas por sexos.

En 1980 Gardner abandonó su trabajo en la petrolera para impartir clases en la Universidad que compaginaba con su activismo en pro de la igualdad entre mujeres y hombres. Falleció el pasado 25 de julio.

Para una semblanza más desarrollada, véase la columna de Miguel Calzada.