La democracia 2.0 desenmascara a Güemes

Imagen dedicada a los “tolerantes” como Güemes. No queríais caldo, pues ahí van tres tazas.

Me siento orgulloso de informar, tratando de crear opinión, como es el deber de quienes escribimos para Progreso 21,  de sucesos como el siguiente. Dos jóvenes hasta hoy anónimos en España han visto hoy sus nombres escritos en el diario gratuito 20 minutos y el fruto de su labor maratoniana de las últimas cuarenta y ocho horas, plasmado a toda página en la sección de noticias de la Comunidad de Madrid del diario El País o un espacio pequeño pero no por ello desdeñable en Público, que por lo que se ve, hubo de dar la noticia antes de la salida del diario a los quioscos. Antonio Cartier y Juan Pérez, blogueros por convicción y vocación, han llevado a cabo una labor épica de periodismo y comunicación en la Red de redes. Con el destape de la verdadera actitud del dirigente del PP madrileño, Juan José Güemes, han dignificado la labor periodística y han demostrado que Internet permite un uso humano y elevado de las nuevas tecnologías, que, como tantos otros instrumentos, tienen su bondad o perversión en la intención de quien lo utiliza.

Puede que buena parte de la opinión pública y su círculo de amistades no sean conscientes de la trascendencia de su acción. No sólo dos jóvenes comunes y corrientes han demostrado las falacias y el verdadero tono ideológico de un politico que hace y deshace desde el cheque en blanco que otorga la mayoría absoluta sino que, además, han puesto al descubierto a través de un caso particular la necesidad de reflexionar desde la sociedad civil y por parte de la ciudadanía sobre una miseria intelectual desde el punto de vista ideológico que hacen pensar seriamente si con Franco, como tantos nos quieren hacer pensar, murió el franquismo. La demostración empírica de un hecho existente, objetivo, puesto a la vista de todos, no ha hecho sino confirmar lo que buena parte de la opinión pública cree y, por desgracia tantas veces, no comenta en voz alta: España carece de una derecha verdaderamente democrática en sus más profundas ideas, prácticas políticas, discurso y en la relación con las instituciones.

Juan José Güemes, en un rapto de humor peculiar, trató de escribir un Diccionario progresí con aportaciones de su propia cosecha y, según el mismo asegura, de lo que desearan aportar ciudadanos que simpatizaban con su causa que, a grandes rasgos, no soy capaz de resumir con otro lema que no sea “arrasa -verbalmente al menos- todo lo que no entiendas”. En esta joya de la lingüística derechista se define a la feminista -dan por hecho que sólo puede ser mujer- como aquella persona de sexo femenino que inventa términos para compensar su complejo de inferioridad. También contiene algún que otro zurriagazo a la cultura española haciendo mofa y escarnio de buena parte de las y los artistas españoles que no comparten su ideología política. Pero lo que se lleva la palma es la definición de gay como “homosexual con estudios que, aprovechándose de su formación, consigue subvenciones del Estado con la aquiescencia de todos los partidos de izquierda”. En un intento desesperado a la par que poco elegante, trató de ocultar su acción cuando un internauta, Juan Pérez, recriminaba su actitud, borrando la entrada de su peculiar glosario, y contestando a este mismo internauta simulando no saber a lo que se refería.

Pero el 2.0 es transparente para quien sabe moverse por él, no entiende de mayorías absolutas ni de bravuconadas en la Asamblea Regional. Siguiendo el rastro de la cuenta de Twitter que el yernísimo de Fabra ”privatizó” -cree que todo funciona como la Sanidad madrileña bajo su mando- y el pantallazo realizado en un alarde de prudencia, nuestros activistas cívicos han reunido pruebas irrefutables que han -y todavía habrán- de circular por las redacciones de toda España. Tanto en el blog de Antonio Cartier como en Digresiones 3.0, se podrá obtener una relación pormenorizada y objetiva de lo ocurrido, desgranando datos y presentando el cuerpo del delito.

El denominado franquismo sociológico sigue entre nosotras y entre todos nosotros. Con este término se alude a un residuo ideológico todavía no excretado por la sociedad española y que permanece aún, después de casi treinta y cinco años de la muerte del dictador, provocando indigestión. El franquismo sociologico se manifiesta en esos comentarios aparentemente inofensivos para una buena parte de la población, normalizados en la vida diaria pero que delatan la presencia de una derecha que todavía está por hacerse en el marco de un régimen constitucional. Aunque detrás de toda sigla se agrupan individuos, personas diferentes unas de otras, no podemos obviar el hecho de que esas mismas personas se agrupan en torno a intereses y valores comunes en sus líneas más generales. La actitud de Güemes no hace sino recordarnos que este Partido Popular que ahora se arroga para sí el protagonismo de la Transición española, es una refundación de la Alianza Popular de Manuel Fraga, que en su día se opuso con vehemencia primero a las reformas encaminadas a desmantelar los resortes fundamentales de la administración franquista y, más adelante, a buena parte de los artículos más fundamentales de la Constitución española de 1978 y cuya defensa e interpretación reclaman para ellos en exclusiva.

Gracias a dos avezados blogueros, buenos amigos y mejores personas, puedo cerrar esta pequeña columna sin un alegato crispado y sin mesarme los cabellos clamando contra lo que a buen seguro es la derecha más reaccionaria de Europa. Por supuesto, eso sí, dejando en el aire la pregunta de si Güemes debería responder judicialmente por las lindezas vertidas haciendo uso deliberado de su autoridad, posición y prebendas que le ofrece el cargo que ostenta. Pero hoy, sobre todo, quiero agradecer a estos dos valientes su labor, gracias por poner luz en la oscuridad, por poner buen olor entre tanta pestilencia cañí, muchas gracias, en definitiva, por arrancar una sonrisa y relajar el rostro de algunos ciudadanos conscientes cuando nos encaminamos en el transporte público a nuestros lugares de trabajo y estudio con el periódico bajo el brazo.

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Gürtel madrileño: el fracaso del “peperismo”

Me uno a estas alturas a escribir de un asunto que ha ocupado portadas y llenado páginas de los principales diarios generalistas, especialmente de El País, cuyos redactores han destapado y difundido los presuntos escándalos de una trama corrupta de la que, después de unos cuantos meses, tan sólo se ha descubierto lo que parece ser la punta del iceberg. Y todo ello debido a que las pesquisas están anticipando un grado de implicación de personas vinculadas o pertenecientes al Partido Popular de Madrid muy superior a lo que se había intuído hasta entonces. De momento, hay tres imputados que destacan por su envergadura política: Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.

El primero, presuntamente, proporcionaba desde la Comunidad de Madrid contratos divididos para evitar que salieran a concurso a cambio de generosas sumas de dinero. La alusión a este hombre por parte de Francisco Correa en las conversaciones grabadas, en la que le define como el “muñidor” de las operaciones y la aparición de su nombre en la contabilidad “B” de las empresas que eran propiedad de Francisco Correa, lo hicieron caer. Martín Vasco, por su parte, está acusado de realizar labores de intermediario para la empresa Martinsa, entidad que habría pagado comisiones a Francisco Correa con el fin de conseguir proyectos urbanísticos en Arganda del Rey, siendo consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal. Bosch Tejedor, como gerente de la sociedad municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, cobró por colaborar en la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva de Boadilla.

Estos tres diputados abandonarán su escaño en el Grupo Popular pero no la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre comunicaba ayer que los implicados en la trama dejaban su puesto por voluntad propia, para no perjudicar al partido. Es evidente que Aguirre ha jugado en esa decisión un papel fundamental por no decir que han sido sus dotes de persuasión las que, muy posiblemente, han llevado a la situación actual. Por eso, precisamente, la postura adoptada por la cabeza del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid no obedece más que a un lavado de cara superficial, aprovechando una tendencia a la comunicación politica simplona que se rige por el efectismo fácil. Los tres imputados conservan su sitio y siguen siendo militantes del PP. Nadie, Aguirre la primera, se ha planteado arrebatarles sus actas y poner el futuro de su militancia en manos de Génova.

A partir de ahora pasarán a formar parte del Grupo Mixto, así es como se esconde la porqueria al barrer en el PP madrileño, debajo de la alfombra. Desde luego, pese a lo mezquino del gesto, la lideresa ha sido sin duda la gran beneficiada: con su acción se desmarca de Rajoy, presionándolo por no haber adoptado ningún tipo de decisión y mirar hacia otro lado. Ello, sin duda, es una hábil estrategia para mover el precario sillón del líder conservador y para marcar la diferencia con respecto al que hasta ahora había sido uno de sus principales rivales en el acceso a la presidencia del PP, Francisco Camps. Por no hablar, claro está, de que cuanto antes se amputen los miembros gangrenados de un cuerpo, menos probabilidades hay de que el mal se convierta en septicemia y llegue a la cabeza.

Ernesto Erkaizer afirmaba hoy en su columna que Rajoy, con esa actitud tan ambivalente y timorata ante el caso Gürtel, más allá incluso de lo que nos tiene acostumbrados como personalidad política, no pretende esconder la cabeza, o no, al menos, para ver si escampa la tormenta por sí misma, sino para procurar una “regionalización” de la crisis del PP, es decir, que la opinión pública interprete los presuntos escándalos de corrupción como un problema de un sector del PP, que hasta ayer habría sido el valenciano. La reacción de Camps a todo esto, sacando pecho como si se dedicara “vivas” a sí mismo al más puro estilo Berlusconi, daría crédito a la tesis en torno al asunto que parece pretender instaurar Rajoy. Si existiera una sociedad civil independiente y un electorado maduro en la Comunidad Valenciana, ese personalismo de la trama en Camps y el victimismo regionalista que pretende imponer para desviar la atención, deberían tener un efecto devastador en su credibilidad. Como no puedo evitar dudar de que esto sea así, es necesario que en la Comunidad de Madrid la oposición se movilice con vehemencia y apunte -con pruebas en la mano, claro está-  a la relación de la trama de Madrid con Génova con la cúpula nacional del PP.

Y es que en Madrid, a raíz de la trama Gürtel, se ha puesto de manifiesto el fraude y el fracaso del proyecto político que en esencia representa el Partido Popular. Esta formación nació con la intención de servir de agente aglutinador a las corrientes de la derecha más representativas del país. Las dos tendencias más amplias de la derecha política europea, liberalismo y democracia cristiana, que en otros estados de la UE como pueda ser el caso de Alemania se encuentran representadas por partidos diferenciados y, por tanto, rivales -independientemente de que estén condenados a entenderse- no se da en España, donde ambas corrientes se presentan juntas existiendo, aparentemente, un ecosistema autónomo dentro del PP donde el liberalismo se adjudicaría el control ideológico de la política económica mientras que el conservadurismo de signo católico se ocuparía de las propuestas ideológicas a nivel teórico y de cara a las instituciones o a las relaciones internacionales. La conjunción de estos bloques es una alianza muy forzada que estaba condenada a reproducir los defectos más característicos de ambos paradigmas ideológicos. Y el caso Gürtel lo ha venido a demostrar.

La tesis de que una administración pública adelgazada hasta casi la extinción elimina la burocracia, rebaja la fiscalidad y barre la corrupción, acabando con aquellos factores que posibilitan su aparición, se ha mostrado absolutamente errada, tanto en la Comunidad de Madrid como en la capital. El PP, como fuerza política dispuesta a todo, no está por la labor de aplicar el laissez faire, laissez passer, y lleva a cabo una política intervencionista que hace ilusoria la libre competencia en el mercado. Dejar actuar al mercado y engrilletar al Estado no conviene si su poder de influencia disminuye. Llegada esta contradicción, trucan las leyes del juego haciendo que una empresa ligada a sus intereses divida la facturación de esa empresa, con lo que se consigue una falsa puja entre una especie de entidades fantasma, de tal manera que es aquella que tiene el monopolio la que termina llevándose el gato al agua. De ahí, precisamente, la ineficacia de las políticas privatizadoras aplicadas por Aguirre y de las que se enorgullecía de haber copiado a Margaret Thatcher. No son transparentes, ni limpias, ni competitivas, sino, precisamente, todo lo contrario.

 

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Fiestas municipales madrileñas y agresiones nazis

 

Presentación del Informe Raxen 2009. Foto: Efe

Hoy nos hemos desayunado con la noticia de la brutal agresión en las fiestas de Alcorcón de un grupo de jóvenes por un grupo de neonazis. El modus operandi es más o menos habitual: un rapado se acerca a los jóvenes y les pregunta dónde se puede beber algo. Con toda normalidad, los jóvenes, de estética alternativa le indican un par de puestos más adelante. Sin mediar palabra y en unos segundos se acercan al grupo otros jóvenes con el mismo aspecto que aquel que preguntaba. Derriban a uno de los jóvenes y le agreden con  porras extensibles en la cara y en el brazo. Dos chicas recibieron cortes en las orejas y otro chico resultó herido por el disparo de una pistola de perdigones en el pecho por parte de otro que antes le espetó: “esto, por Hitler”. Los jóvenes y varios testigos afirmaron que los agresores lucían simbología nazi y estética skinhead. Junto a esto, hemos podido ver las fotos trucadas del ex-soldado neonazi Josué Estébanez. Sencillamente patético. Aparece un cartel pidiendo su libertad tapando un brazo derecho que con toda seguridad levantaba extendido con la palma abierta. Otra foto fue retocada para tapar con tinta negra los huecos de una cruz céltica en llamas.

El informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia cifra en 350 las agresiones de este tipo el año pasado. Sin embargo, si esto no se toma en serio, no se puede descartar que las agresiones se disparen, pues es difícil no relacionar lo sucedido en Alcorcón con el juicio que se está llevando a cabo contra el presunto asesino de Carlos Palomino y las impresentables manifestaciones a favor de este individuo que se vienen realizando a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid. Esas concentraciones son actos de incitación al odio y la violencia o, por lo menos, de alteración del orden público, si bien estoy seguro de que si rascamos un poco, sólo un poquito, encontraremos testimonios, gritos y cánticos de apología al genocidio, a la xenofobia y la homofobia. Tampoco entiendo qué está pasando con la seguridad en las fiestas municipales porque lo sucedido en Alcorcón no es un hecho aislado si tenemos en cuenta que la semana pasada sucedió algo parecido en Fuenlabrada contra la caseta de Izquierda Unida y que raro es el año en el que no sucede algo parecido en lugares como Pozuelo o Villalba, como el año pasado. 

Más que un problema de despliegue y efectivos parece una cuestión de empeño, a juzgar por lo que observé en las fiestas de Móstoles donde el recinto ferial estaba custodiado a la entrada por agentes de la Policía Local, la Policía Nacional y la Bescam, creada por el Gobierno regional. Constatando la presencia más elevada en las fiestas de este último cuerpo policial y su equipamiento y preparación a simple vista, uno se pregunta por qué siempre aparecen -si aparecen- cuando los agresores se han esfumado, no consiguiendo detenerlos estando de partrulla o apostados en las inmediaciones. Si los cafres de turno no están fichados por la Policía Nacional o la Guardia Civil, el testimonio de los agredidos queda incompleto, sin un apoyo probatorio sólido.

No entiendo por qué esa reticencia digna de explicación sociológica y antropológica a diferenciar tanto entre un energúmeno que mata en nombre de una patria vasca inventada de un tiro en la nuca y otro energúmeno que mata igualmente a otra persona en nombre de una igualmente inventada patria española a otro ser humano de un navajazo o a golpes con un bate de béisbol. Temo ahora que la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haya quedado corta: no se trata de juzgar a los neonazis como si fueran terroristas sino de juzgarlos como terroristas. Desde luego estas joyitas lo tienen todo: asociación ilícita, tenencia ilícita de armas, incitación al odio y la violencia contra las personas por el origen nacional, social, étnico, tendencia política e ideológica u orientación sexual de las mismas, delitos de lesiones cuando no de homicidios en grado de tentativa o asesinatos.

Si la asociación ilícita en estos casos va siempre acompañada de la tenencia ilícita de armas, ¿por qué no acusarlos de integración de banda armada para aplicarles condenas de hasta cuarenta años de cárcel que habrían de cumplir íntegras de una vez por todas? ¿Por qué no ilegalizar a los partidos políticos que concurren a las elecciones democráticas cuando se demuestre, apología, encubrimiento y no digamos financiación a estos grupos paramilitares? Por favor, que alguien me explique de una vez quién decide qué y quiénes son banda armada y quienes no, porque de dar este paso vendría rodado el siguiente: la ilegalización de los símbolos y el establecimiento de penas de hasta diez años de prisión por la exhibición de cruces gamadas, de la cruz céltica y de la bandera española preconstitucional, la del águila imperial conocida como pajarraco o pollo. En el país obsesionado por los precursores y los referentes a nivel europeo se necesita decir lo que hace el vecino para exhibirlo como argumento; pues ahí va: Alemania y Austria cuentan con legislación acerca de esto y hasta hace unos diez años se aplicaba de forma draconiana. Se trataría de legislar, aplicar la ley y no ceder un milímetro por el paso de los años, la relajación, el “bienpensatismo” o vaya usted a saber qué.

 

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Después del neoliberalismo, ¿qué?

Retomamos el curso político de modo más o menos oficial. Ya que he permanecido inactivo durante buena parte de las vacaciones estivales, me ha parecido oportuno volver a la arena escribiendo sobre la resaca de las elecciones europeas del pasado junio. Si bien es comprensible que durante el verano los diarios generalistas y los principales medios audiovisuales ralenticen su actividad buscando, en ocasiones, un relleno informativo que puede convertir su contenido en poco acreedor de este adjetivo, este mes de septiembre parece propicio para retomar grandes asuntos, huyendo de la polémica sensacionalista en torno a la trama Gürtel y las acusaciones del PP al Gobierno de espionaje; lo cual, por otra parte, no quiere decir, ni mucho menos, que un presunto escándalo de corrupción de mayores dimensiones que el de Filesa o unas acusaciones por parte del principal partido de la oposición que en su día costaron el cargo a un presidente de los Estados Unidos no merezcan la debida atención.

Es hora de que los partidos situados a la izquierda del espectro político, de carácter democrático y con representación parlamentaria, comiencen a reflexionar sobre el presente y planifiquen su propio futuro, con el fin de inventar o encauzar un porvenir para sus respectivos países, Europa y el resto del mundo. Porvenir que, mucho me temo, se presenta cuajado de inquietudes, amenazas y piedras en el camino. La izquierda europea en general y la socialdemocracia en particular parece haber percibido y definido, mal que bien, cuáles son esos peligros y escollos; sólo le falta -nada menos- averiguar en qué camino se encuentran, para no perderse campo a través. Situarse en el camino permitiría delimitar los problemas y establecer la secuencia y el modo en el que se han de resolver. Hasta entonces, las diversas tendencias que conforman el espectro político de la izquierda sólo podrán oponer palabras sin contenido específico a las propuestas y medidas de la derecha: si se habla de “eficiencia y ahorro”, la izquierda no puede limitarse a decir: “servicios públicos y solidaridad”; si las fuerzas más o menos conservadoras proponen “recorte del gasto”, las progresistas no pueden quedarse en “inversión y empleo público”, si alguien afirma que “el ser humano está para aprovecharse de los recursos naturales porque es el centro” no podemos quedarnos en “lucha contra el cambio climático”.

Es necesario dotar de un contenido pleno y concreto a estos conceptos. En primer lugar, porque son más difíciles de explicar y requieren de una elaboración intelectual y científica más compleja y, en segundo lugar, por causas derivadas del clima socio-político imperante en los países occidentales: la situación creada tras la caída del Muro de Berlín ha situado a la doctrina neoliberal en cabeza, ya desde la línea de salida hasta que se ha convertido en hegemónica. La falta de sistemas alternativos, que aseguren mayor calidad de vida y un espacio de participación ciudadana más amplio, parecen dar la razón a las tesis de Fukuyama. El neoliberalismo es, hoy por hoy, una idea-fuerza, que impregna el discurso de todas las formaciones políticas aspirantes a obtener una amplia representación parlamentaria, incluidas aquellas situadas o denominadas -generalmente a título personal- de izquierda. Paradójicamente, la superación de este modelo económico, cultural y político pasa por la actuación dentro de los parámetros del mismo. Por ello, quienes de verdad abracen el compromiso del progreso y de la transformación social con vistas a vivir en un mundo más justo, no pueden limitarse a replicar a las fuerzas conservadoras y reaccionarias anteponiendo una palabra o consigna, es necesario dar, constantemente, un paso más allá: a cada palabra, una frase; a cada consigna, una propuesta articulada, escueta pero concisa y, como no puede ser de otra manera, mantener una presencia lo más constante y amplia posible en los medios de comunicación de masas y en aquellos surgidos al amparo de las nuevas tecnologías.

Ante este panorama, es necesario un cambio de rumbo inmediato y decidido en la izquierda española pero muy especialmente en la socialdemocracia. Percibo un acomodo peligroso e “institucional” del PSOE gobernante. Da la impresión de que en este punto de la legislatura impera “cumplir” con los compromisos y promesas realizados a propios y extraños para poder gobernar con desahogo y estabilidad y que ahora, parece, estos últimos pretenden cobrar todo junto y de una sola vez. Algo así puede resultar fatal cuando se aprecia en el partido gobernante un viraje a la derecha en materia económica y que, si no fuera por una política social progresista cuyos ejes son la salvaguarda y defensa de los Derechos Humanos y la ampliación de los derechos civiles, podría invitar a hablar sin empacho de un proyecto económico socio-liberal y ya sabemos que, como diría un buen amigo mío, entre el original y una mala copia, la opinión pública y el electorado tiene a quedarse con el primero.

Ya es hora de abandonar las promesas cortoplacistas para poner en práctica reformas profundas en el modelo económico español. Tenemos tres escasos años por delante -si todo no se tuerce definitivamente- para que las energías renovables y la investigación científica y tecnológica se conviertan en el motor de crecimiento, para realizar los cambios oportunos en el mercado laboral que premien la excelencia de los profesionales en estos sectores y para establecer un marco de regulación efectivo en la política financiera y hacendística, que se constituya en árbitro de los intereses generales, velando por todos aun a costa del enfado de unos pocos.

No obstante, con un modelo de Estado adelgazado y debilitado por ocho años de gobierno de Aznar y un Partido Socialista que, parece, no ha sabido o no ha podido salir de esa tendencia privatizadora para devolver al Estado su papel y tamaño anterior a ese desaguisado, se impone ahora la siguiente pregunta: ¿qué hacer para invertir la tendencia privatizadora y, en definitiva, para frenar el modelo neoliberal? Podemos criticar por todos los frentes el modelo político y económico neoconservador pero si no se propone una situación alternativa creíble que “suene” constantemente en los medios, el socialismo español estará perdido. Para invertir esta tendencia, el PSOE debería construir el edificio empezando por la región donde el imperio del modelo es más evidente: la Comunidad de Madrid. Si el PSM no es capaz de hilvanar propuestas concretas, pragmáticas y coherentes para explicar a la ciudadanía cómo recuperar para la cosa pública lo que ha sido privatizado o, al menos, a corto y medio plazo, para invertir definitivamente esta tendencia, las y los socialistas y la izquierda en general estarán perdidos y la Comunidad de Madrid, junto con su población, quedarán -más todavía- alejados de sus propuestas y recetas, hasta que el Gobierno de España, más temprano que tarde, entone un requiem por la política socialdemócrata y progresista.

 

Podéis encontrar este artículo en Progreso 21

Cluedo de espías

Juventudes Socialistas de Madrid lanza una campaña denunciando la trama de espionaje en los gobiernos municipal y autonómico con un toque de humor.

Por fin, presencia mediática:

http://www.publico.es/espana/politica/218779/trama/espionaje/pp/juego/cluedo/espias

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-14-04-2009/abc/Madrid/juventudes-socialistas-lanza-el-cluedo-de-los-espias-para-denunciar-el-espionaje-en-la-comunidad-de-madrid-_92151157694.html

Vivir para ver

El último post de Rodrigo ha cambiado la temática de mi entrada de hoy en el blog. Y es que ver el alegato de la oposición del PP contra el nuevo callejero acordado por IU y PSOE para Rivas-Vaciamadrid me ha dejado un tanto descolocado. Resulta que está incompleto, según ellas y ellos: falta el nombre de Esperanza Aguirre, paradigma del feminismo. Como lo oyen. Desean que aparezca el nombre de la Presidenta de la Comunidad de Madrid ante la evidente “feminización” del callejero de esta localidad madrileña.

Aunque he acaparado ligeramente el blog del compañero citado con mis reflexiones, lo cierto es que he tratado de hacerlo del modo más somero posible. De esta reclamación torticera del PP me he permitido sacar algunas conclusiones: la primera, parece que no confunden feminismo con hembrismo -para personas que militan en estas siglas y por mi experiencia cotidiana, afirmo: esto es un logro-; por otra parte, si saben lo que es el feminismo, desde luego, lo obvian en su discurso o emplean la palabra de forma totalmente tergiversada. De producirse esto último mencionado, no recurrirían al feminismo como teoría y práctica política sino al llamado “mujerismo”. Lo impactante y hasta peligroso, es que se les llene la boca del primero cuando practican el segundo. Me explico a continuación.

Lo he repetido tanto por activa y por pasiva a quienes me plantean estos temas que, dentro de no mucho tiempo, se va a apoderar de mí un complejo de telepredicador insufrible. Insisto, una vez más: el llamado ”mujerismo” presente, sobre todo, en algunas políticas y políticos latinoamericanos así como en los neocon norteamericanos, adopta el siguiente esquema de pensamiento: si una mujer asume un puesto de responsabilidad en la política de un determinado ámbito, es obvio que, automáticamente, va a ser beneficioso para el avance de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sólamente por el mero hecho de ser mujer, independientemente del ideario de su formación y del alcance real de sus políticas. El feminismo, por el contrario, postula y practica la igualdad efectiva entre todos los seres humanos partiendo de la discriminación histórica sufrida por las mujeres y aún existente hoy.

Por favor, que alguien explique -si no lo ha hecho ya- que existen hombres igualitarios y feministas y mujeres machistas. Una mujer, con una determinada ideología, puede llevar  a cabo políticas de estancamiento y retroceso en materia de Igualdad de género y viceversa aunque en ocasiones parezca paradójico o que no es lo habitual. Y en el caso de las políticas de Aguirre, existen carencias de pensamiento, por obra y por omisión, en esta materia: dejar en manos de organizaciones católicas extremadamente conservadoras la gestión de todas o parte de las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, no es lo que yo entiendo como política producto de una mentalidad igualitaria.

Y, siguiendo esta línea, podríamos referirnos a la privatización de la Educación Infantil o a la reducción escandalosa de las plazas de guardería, porque, salvo que se disponga de servicio doméstico permanente, es un hecho prácticamente garantizado que son las madres las que se arriesgan a la pérdida de su trabajo o al estancamiento de su vida profesional quedando confinadas al ámbito privado, salvo en aquellos hogares biparentales donde existe conciencia y se puede ejercer de facto la corresponsabilidad familiar. ¿Serán estos argumentos suficientes a ojos de los concejales del PP o, por el contrario, prefieren que continuemos hablando de las persecuciones de mujeres que ejercieron su derecho a la interrupción voluntaria de su embarazo en la Comunidad de Madrid?

Se veía venir

Hoy el PP con Esperanza Aguirre al frente, haciendo valer su mayoría absoluta, ha dado carpetazo de manera oficial a la comisión de investigación de la Asamblea Regional sobre el presunto espionaje político en la Comunidad. Para la oposición, formada por PSOE e IU, las conclusiones de esta comisión no reflejan sino el interés del Ejecutivo Regional por tapar agujeros en torno a este escándalo a toda costa. Lo más grave es que todo este montaje ha costado dinero; no es desacertado, por tanto, señalar que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha financiado con dinero público el ocultamiento y obstrucción de la investigación a nivel institucional.

Es evidente que en la región se ha cocido algo serio y de gran calibre, en lo que a podredumbre se refiere, claro está. Y miembros del propio partido presuntamente implicado pueden corroborarlo: no se  les permitió intervenir y relatar su versión e hipótesis relacionadas con el asunto. No obstante, en la investigación en curso de la Fiscalía, así como en los medios de comunicación, se aprecian evidencias preocupantes, la más clamorosa, entre otras: un vistazo a la agenda de las víctimas muestra inquietantes similitudes con los informes que supuestamente redactaron los miembros del equipo parapolicial encargados de los seguimientos.

Para terminar de rematar una actuación que destaca por su descaro en el insulto a la inteligencia de la ciudadanía madrileña, el Gobierno regional ha hecho caso omiso a las reclamaciones de los grupos de la oposición para que se desmantele la disposición actual del organigrama de la Consejería de Justicia e Interior, la cual parece resultar propicia para la aparición de estas estructuras al margen de la ley.

Vergüenza…¿ajena?

No acierto a encontrar otra palabra para expresar lo que he sentido cuando anoche oía en la radio, mientras cenaba, que el PSM declinaba asistir a un acto convocado por Esperanza Aguirre en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Según el Secretario General de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, se trataba de dejar plantada a Aguirre en respuesta al abrupto cierre de la comisión de la Asamble de Madrid en torno a los presuntos casos de espionaje político. Me parece un desatino sin precedentes en la historia del partido que propiciará y de hecho está produciendo ríos de tinta y palabras de reprobación.

Pensemos por un momento en las consecuencias de esto: acabamos de dar a Aguirre la excusa perfecta para tirarnos un buen saco de estiércol sobre la cabeza de las y los socialistas y lo peor es que se lo hemos puesto en bandeja. No nos engañemos, por favor, hemos dado al PP madrileño una pala y un saco adicional de arena para que acaben de enterrar toda oposición en Madrid. Si ya de por sí la derecha tiene más fuerza, hoy por hoy, para hacerse oír en la Comunidad de Madrid, no digamos en la capital, es obvio que va a prevalecer el desplante realizado a las víctimas del 11-M y no el hecho de que Aguirre y su Gobierno fueran los que, con impresentable desparpajo, negaron las subvenciones a la asociación de víctimas que preside Pilar Manjón cuando el PP hacía oposición con Alcaraz, el que por entonces fuera presidente de la AVT. Por añadidura, la impunidad con la que el Ejecutivo regional ha cerrado la investigación sobre el espionaje, sin escuchar prácticamente ni una sola de las reclamaciones de la oposición (PSOE-PSM e IU) y rechazando de plano escuchar a las presuntas víctimas, va a quedar totalmente solapada por la espantada socialista. En pocas palabras, Tomás Gómez y su equipo han -o van- a conseguir justamente lo contrario de aquello que seguramente se proponían al dar este paso.  

Izquierda Unida, el partido situado a nuestra izquierda en el espectro político, valga la redundancia, el que nos considera a menudo por no decir siempre tibios cuando no cómplices de la derecha, acudió ayer al acto, encabezado por Inés Sabanés. ¿Por qué lo habrán hecho? Creo que la respuesta es bien simple. En primer lugar, porque los familiares de las víctimas y las propias víctimas que ya no están en este mundo no tienen por qué verse afectadas por las luchas del día a día en la Asamblea de Madrid salvo en lo que pueda concernir al bienestar de la ciudadanía madrileña, en cuyo caso, hay que involucrar de lleno a las personas con el fin de hacerlas partícipes de logros, propuestas y decisiones que incidan directamente en su calidad de vida. Y el terrorismo así como la atención de las victimas es un asunto de Estado que compete a todos. En segundo lugar, hay que tener presentes y saber discernir con precisión los márgenes institucionales en el terreno político: la de ayer no fue una convocatoria del PP madrileño, sino del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Que el mismo esté presidido por miembros de este partido es, en este caso, digamos, un fatal accidente, porque la convocatoria no fue de este partido propiamente dicho sino de un organismo institucional a cuyo gobierno -creo- aspirarán (aspiraremos) las y los socialistas madrileños algún día como segunda fuerza política de la región. Por ello, en tercer lugar, nuestra obligación hubiera sido estar allí, porque también representamos a una parte -hoy por hoy más exigua- del electorado madrileño. Creo, sinceramente, que hemos faltado el respeto por triplicado: a las víctimas de la mayor masacre terrorista que ha conocido la historia de España, a la sociedad madrileña en conjunto y al electorado socialista en particular. 

Para combatir a Aguirre y su maniobra caciquil de cerrar en falso la comisión de investigación hay otros medios, otras formas y otros lugares. Incluso, por ejemplo, habría bastado con retirarnos a tiempo de la comisión, ya que cuando se fijaron las normas para su desarrollo se divisaba este final en el horizonte, en tanto en cuanto se apuntaba a una instrumentalización de la misma por parte del Ejecutivo de la lideresa, como en su día sugerí en este humilde blog. Negro, veo la alternancia y el saneamiento democrático en la región muy negro a raíz de esto. Quien suscribe estas líneas no tiene ni la más remota idea de cómo el PSM podrá recuperarse de este descalabro a nivel político, institucional y mediático.

 

Por cierto, mi más sincero pésame a las víctimas con el deseo de que una monstruosidad de esta magnitud no vuelva a repetirse.

Bajando a las cloacas

Desde que informé sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid cuando se destaparon los primeros indicios, no había vuelto a escribir sobre el tema. La razón fundamental es que cada día aparecían datos nuevos, la telaraña se agrandaba y el problema revestía caracteres mucho más complejos. Lo que hoy podía ser un dato obvio podía quedar matizado o, incluso, sobrepasado por otros mañana.

Si hay algo que sacado en claro de todo este asunto es que los medios de comunicación que han ido destapando la trama han pasado demasiado tiempo centrando su atención en los entresijos del conflicto que late en el núcleo del Partido Popular. En ocasiones daba la impresión de verme ante una crónica donde se detallan los entresijos de alguna corte europea trescientos años atrás, casi en un tono de entretenimiento, como una recopilación de curiosidades y chismes de pasillo. El drama, no obstante, no es imaginar a Esperanza Aguirre encarnada en el intrigante cardenal Richelieu, con toda una serie de espías y guarda personal que se encarguen de averiguar su posición en la Corte o eliminar a todo aquel que le haga sombra sino que estamos en pleno siglo XXI, en un país que ha dado pasos de gigante en lo que a democracia y derechos se refiere, que ese espionaje se ha realizado de manera ilegal en un lugar donde debería de primar la Ley y, lo más doloroso, que se ha hecho, presuntamente, con dinero público. Pero por encima de todo ello, lo más intolerable, si cabe, es que se hayan llevado acabo investigaciones parapoliciales, siguiendo, incluso, de forma paralela, a otras investigaciones en curso a nivel policial y/o judicial a un grupo de personas por el mero hecho de pertenecer a un partido político determinado.

Si entre ellos -los “populares”- quieren espiarse y lanzarse mutuamente todo tipo de reproches e infundios, es asunto suyo, yo no milito en ese partido ni tengo la más mínima simpatía por el mismo. Pero, cuando se ponen esas intrigas por encima del gobierno de la Comunidad de Madrid y de su capital, se juega con el bienestar de sus ciudadanos, por no hablar del hecho abominable de que un determinado cargo de un determinado partido utilice las facultades de ese poder que ostenta para tratar de desprestigiar a un partido rival. Insisto, eso para mí es lo más sucio dentro del plano más estrictamente político: se ha perseguido delitos que presuntamente podrían afectar al PSOE allá donde gobierna, en ningún momento por perseguir el noble propósito de un nivel de corrupción cero, sino para fagocitar más poder, para que éste se torne omnímodo en la región. Esto, aparte de con la estafa que ha supuesto para la ciudadanía madrileña, es lo que realmente deseo recalcar aquí.

A fecha de hoy, un calígrafo ha asegurado que la letra manuscrita de los distintos partes de seguimiento a políticos municipales y regionales proceden de hombres de la confianza de Sergio Gamón, quien fuera jefe de la Dirección General de Seguridad en la Comunidad de Madrid y mano derecha en este sentido de Esperanza Aguirre. Otro de los supuestos espías ejerció de escolta de la Presidenta de la Comunidad en varios actos de partido de la campaña para las elecciones autonómicas de 2007, dentro de un dispositivo paralelo al asignado a Aguirre de manera oficial, cosa, en principio, ilegal. Sin embargo, Aguirre parece que sigue sin tener claro hasta dónde llega su espacio de poder y ahora exige la entrega de documentos de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia sobre todo lo referente a este caso, ha retrasado la apertura de la comisión de investigación y ha colocado para presidir la misma a Benjamín Martín Vasco, amigo personal de Francisco Correa, el presunto jefe de la trama corrupta cuyos vínculos se ramifican hasta el mismo corazón del PP madrileño.

Con todos estos antecedentes creo que sería mejor considerar la retirada de las fuerzas políticas de la oposición de la comisión organizada en la Asamblea de Madrid ya que, aún siendo consciente de que es la excusa perfecta para Aguirre y su tropa, opino que formar parte de semejante farsa es una bufonada que tan sólo hará que el PP salga prácticamente indeleble y el PSM como mera comparsa de la ultramontana derecha madrileña.

La policía política del Gobierno regional

 

Sencillamente escandaloso. Un menoscabo imperdonable de los principios fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho. Quienes me leen, saben que rara vez empiezo calificando categóricamente una situación y, la mayoría de las veces, ni siquiera a lo largo de toda la entrada, aunque pueda insinuarlo de manera más o menos abierta. Pero casos como el destapado hoy por la prensa ponen de manifiesto el apestoso y repugnante cinismo de quienes se han atrevido a condenar todo un partido y una manera de hacer política por escándalos como los GAL, o las llamadas escuchas del CESID. Y todavía se atreven a catequizar. Y a señalar. Y a colgar etiquetas. Y a hablar como si se encontraran en posesión de la verdad. Y a difundir bulos sin pestañear. 

Pues con todo ello Esperanza Aguirre ni se ha inmutado: -”Cuando el gobierno o el diario El País no tienen de qué hablar, atacan a Madrid en lugar de la crisis”. Toma ya. Esto viene a ser como aquel refrán: “¿Dónde vas? Patatas traigo”. Pediría a las señoras y señores del Gobierno regional que no insultaran la inteligencia de la ciudadanía. ¿Es que no se dan cuenta de que todo el mundo conoce -y va a conocer- que utilizan la Comunidad de Madrid y sus recursos como su dominio vasallático particular? ¿Es que creen que no nos hemos enterado de lo que hemos leído ni de la pregunta que acaban de hacerle los reporteros?

 

Francisco Granados, Consejero de Presidencia, Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid contrató como asesor en materia de seguridad al ex-inspector de la Policía Nacional Marcos Peña. Hasta aquí todo normal. Lo condenable, es cuando Peña se rodea de un equipo formado por, que se sepa hasta ahora, tres antiguos agentes de la Guardia Civil. Este grupo se dedicaba a elaborar informes destinados al consejero Granados. El primer indicio de que algo grave se cuece, viene cuando se descubre que estos antiguos funcionarios utilizaban los contactos que aún poseían en ambos cuerpos de seguridad. El segundo indicio viene cuando se descubre que la información recolectada era “algo” diferente de la que, en principio, cabría  esperar que podría manejar un Consejero de Seguridad autonómico: los informes, al menos los más exhaustivos, eran aquellos que contenían datos y cuantiosos detalles de presuntas tramas de corrupción que tenían lugar, qué casualidad, en ayuntamientos gobernados por el PSOE. Y el tercero, que esta labor de captación de información se hizo de manera paralela a otras investigaciones que sí estaban oficialmente abiertas en el ámbito policial y judicial.

La gravedad de la situación se resume en un solo apunte: la actividad del equipo de Granados no contaba con una sola limitación, ya fuera política o judicial. No es de extrañar, por tanto, que las actividades de estos funcionarios retirados se sitúe fuera de las competencias establecidas por la Ley a la hora de llevar a cabo investigaciones de este cariz: los datos solicitados por el equipo que elaboraba los informes tan sólo podrían ser solicitados por una unidad policial. Hay que tener en cuenta que dicho equipo recibió información, entre otras, de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y, posiblemente, de Asuntos Internos, tanto del citado cuerpo como del Cuerpo Nacional de Policía. El requerimiento de esta información, por otra parte, ha de ser solicitada dentro del marco de una investigación policial y judicial. El equipo de Granados no contaba ni con una ni otra justificación: los informes iban dirigidos en exclusiva y eran elaborados en beneficio del Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. El tercer requisito, quizá el más importante, que los hechos presuntamente delictivos investigados por una unidad policial concreta, han de estar dentro del ámbito de sus competencias y, desde luego, los informes elaborados por Peña y sus colaboradores no formaban parte de las competencias asignadas ni a las policías locales, que dependerían de cada ayuntamiento, ni a la BESCAM, cuya implantación definitiva está en funcionamiento. Hay que señalar que esta suerte de detectives privados se ocuparon de destapar por su cuenta presuntos casos de  corrupción urbanística -Ciempozuelos-, policial -Coslada- y del crimen organizado en torno a la seguridad de los locales de ocio en la capital.

Con estos datos en la mano, no conviene perder de vista, independientemente de que todo lo destapado sea completamente exacto o no, que Granados parecía conocer muy de cerca el caso de corrupción en Ciempozuelos, las actividades de Ginés Giménez, el antiguo jefe de la Policia Local de Coslada y el fenómeno de la pugna de distintos grupos presuntamente delictivos por controlar la seguridad en las discotecas de moda antes del asesinato de un portero de nacionalidad rumana a manos de un sicario o el de Álvaro Ussía Caballero, a manos de otros tres porteros de discoteca. Creo que son motivos suficientemente graves como para que Granados dimitiera ipso facto o fuera cesado por la Presidenta de la Comunidad de Madrid o, en su defecto, dimitiendo ella misma.