Me uno a estas alturas a escribir de un asunto que ha ocupado portadas y llenado páginas de los principales diarios generalistas, especialmente de El País, cuyos redactores han destapado y difundido los presuntos escándalos de una trama corrupta de la que, después de unos cuantos meses, tan sólo se ha descubierto lo que parece ser la punta del iceberg. Y todo ello debido a que las pesquisas están anticipando un grado de implicación de personas vinculadas o pertenecientes al Partido Popular de Madrid muy superior a lo que se había intuído hasta entonces. De momento, hay tres imputados que destacan por su envergadura política: Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.
El primero, presuntamente, proporcionaba desde la Comunidad de Madrid contratos divididos para evitar que salieran a concurso a cambio de generosas sumas de dinero. La alusión a este hombre por parte de Francisco Correa en las conversaciones grabadas, en la que le define como el “muñidor” de las operaciones y la aparición de su nombre en la contabilidad “B” de las empresas que eran propiedad de Francisco Correa, lo hicieron caer. Martín Vasco, por su parte, está acusado de realizar labores de intermediario para la empresa Martinsa, entidad que habría pagado comisiones a Francisco Correa con el fin de conseguir proyectos urbanísticos en Arganda del Rey, siendo consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal. Bosch Tejedor, como gerente de la sociedad municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, cobró por colaborar en la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva de Boadilla.
Estos tres diputados abandonarán su escaño en el Grupo Popular pero no la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre comunicaba ayer que los implicados en la trama dejaban su puesto por voluntad propia, para no perjudicar al partido. Es evidente que Aguirre ha jugado en esa decisión un papel fundamental por no decir que han sido sus dotes de persuasión las que, muy posiblemente, han llevado a la situación actual. Por eso, precisamente, la postura adoptada por la cabeza del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid no obedece más que a un lavado de cara superficial, aprovechando una tendencia a la comunicación politica simplona que se rige por el efectismo fácil. Los tres imputados conservan su sitio y siguen siendo militantes del PP. Nadie, Aguirre la primera, se ha planteado arrebatarles sus actas y poner el futuro de su militancia en manos de Génova.
A partir de ahora pasarán a formar parte del Grupo Mixto, así es como se esconde la porqueria al barrer en el PP madrileño, debajo de la alfombra. Desde luego, pese a lo mezquino del gesto, la lideresa ha sido sin duda la gran beneficiada: con su acción se desmarca de Rajoy, presionándolo por no haber adoptado ningún tipo de decisión y mirar hacia otro lado. Ello, sin duda, es una hábil estrategia para mover el precario sillón del líder conservador y para marcar la diferencia con respecto al que hasta ahora había sido uno de sus principales rivales en el acceso a la presidencia del PP, Francisco Camps. Por no hablar, claro está, de que cuanto antes se amputen los miembros gangrenados de un cuerpo, menos probabilidades hay de que el mal se convierta en septicemia y llegue a la cabeza.
Ernesto Erkaizer afirmaba hoy en su columna que Rajoy, con esa actitud tan ambivalente y timorata ante el caso Gürtel, más allá incluso de lo que nos tiene acostumbrados como personalidad política, no pretende esconder la cabeza, o no, al menos, para ver si escampa la tormenta por sí misma, sino para procurar una “regionalización” de la crisis del PP, es decir, que la opinión pública interprete los presuntos escándalos de corrupción como un problema de un sector del PP, que hasta ayer habría sido el valenciano. La reacción de Camps a todo esto, sacando pecho como si se dedicara “vivas” a sí mismo al más puro estilo Berlusconi, daría crédito a la tesis en torno al asunto que parece pretender instaurar Rajoy. Si existiera una sociedad civil independiente y un electorado maduro en la Comunidad Valenciana, ese personalismo de la trama en Camps y el victimismo regionalista que pretende imponer para desviar la atención, deberían tener un efecto devastador en su credibilidad. Como no puedo evitar dudar de que esto sea así, es necesario que en la Comunidad de Madrid la oposición se movilice con vehemencia y apunte -con pruebas en la mano, claro está- a la relación de la trama de Madrid con Génova con la cúpula nacional del PP.
Y es que en Madrid, a raíz de la trama Gürtel, se ha puesto de manifiesto el fraude y el fracaso del proyecto político que en esencia representa el Partido Popular. Esta formación nació con la intención de servir de agente aglutinador a las corrientes de la derecha más representativas del país. Las dos tendencias más amplias de la derecha política europea, liberalismo y democracia cristiana, que en otros estados de la UE como pueda ser el caso de Alemania se encuentran representadas por partidos diferenciados y, por tanto, rivales -independientemente de que estén condenados a entenderse- no se da en España, donde ambas corrientes se presentan juntas existiendo, aparentemente, un ecosistema autónomo dentro del PP donde el liberalismo se adjudicaría el control ideológico de la política económica mientras que el conservadurismo de signo católico se ocuparía de las propuestas ideológicas a nivel teórico y de cara a las instituciones o a las relaciones internacionales. La conjunción de estos bloques es una alianza muy forzada que estaba condenada a reproducir los defectos más característicos de ambos paradigmas ideológicos. Y el caso Gürtel lo ha venido a demostrar.
La tesis de que una administración pública adelgazada hasta casi la extinción elimina la burocracia, rebaja la fiscalidad y barre la corrupción, acabando con aquellos factores que posibilitan su aparición, se ha mostrado absolutamente errada, tanto en la Comunidad de Madrid como en la capital. El PP, como fuerza política dispuesta a todo, no está por la labor de aplicar el laissez faire, laissez passer, y lleva a cabo una política intervencionista que hace ilusoria la libre competencia en el mercado. Dejar actuar al mercado y engrilletar al Estado no conviene si su poder de influencia disminuye. Llegada esta contradicción, trucan las leyes del juego haciendo que una empresa ligada a sus intereses divida la facturación de esa empresa, con lo que se consigue una falsa puja entre una especie de entidades fantasma, de tal manera que es aquella que tiene el monopolio la que termina llevándose el gato al agua. De ahí, precisamente, la ineficacia de las políticas privatizadoras aplicadas por Aguirre y de las que se enorgullecía de haber copiado a Margaret Thatcher. No son transparentes, ni limpias, ni competitivas, sino, precisamente, todo lo contrario.
Publicado en Progreso 21






