Leer la relación de diputadas y diputados con alguna otra actividad fuera del ámbito estrictamente político me ha hecho reflexionar. De los 350 diputados que componen la Cámara, 250 mantienen algún tipo de actividad ajena a la vida política. A mí, particularmente, esto me preocupa. Por una cuestión de principios e imagen, es decir: si una persona ha decidido y tiene la oportunidad de dedicarse a la cosa pública a tiempo completo, ha de desempeñar esta tarea en esas condiciones. En primer lugar, porque la política, con mayúsculas, ya sea la que se hace a nivel de base o en el órgano más alto de la representación ciudadana, es compromiso; una tarea seguramente ilusionante pero también agotadora y abnegada, donde uno debe ir muy dispuesto a dar y poco a recibir, como no sea la satisfacción del trabajo bien hecho y que la ciudadanía -en el mejor de los casos- o las y los votantes, militantes, compañeras y compañeros de partido -en el peor de los casos- reconozcan y valoren la gestión realizada.
Sin embargo, para llevar a cabo esta labor, es preciso que estas personas puedan dedicarse a la actividad política a jornada completa, para lo que requieren de un sueldo. Dejémonos de demagogia barata: la actividad política profesional es democrática y se sitúa en las antipodas de la concepción política aristocrática. De no darse esta situación, sólo ociosos adinerados podrían dedicarse a la ella. Que, creo, por cierto, es lo que agradaría a más de una y de uno. Por todo ello, y porque además los sueldos percibidos cubren con creces las necesidades básicas de quienes se implican en esta actividad e incluso les permiten un volumen de ahorro considerable, toda actividad, por ínfima que sea, ajena a ese mundo es reprobable, aunque sólo sea por una cuestión de respeto e imagen: si en tiempos de crisis se cobran las nóminas que perciben las y los diputados, es un insulto para la ciudadanía de a pie que, encima, se perciban ingresos por otro lado, insisto, sean éstos pequeños, medianos o desmesurados.
No obstante, creo que tampoco se puede meter a todo ese colectivo en el mismo saco si no es a riesgo de sacar conclusiones erráticas. No es lo mismo recibir un pequeño estipendio por dar una entrevista, conferencia o por participar en una tertulia de forma esporádica, que percibir más de treinta mil euros al año por formar parte del consejo administrativo de una constructora o una multinacional. Esto último me parece particularmente peligroso, porque podemos tener representantes públicos -a los que hemos avalado con nuestros votos- que pueden estar dedicando la actividad ý el poder público para servir a intereses privados y no a la ciudadanía.
Y, me temo que, pese a quien pese, aquí hay que hacer distinciones entre los dos partidos mayoritarios: de las y los diputados que han declarado mantener algún tipo de actividad relacionada con la empresa privada, sea del tipo que sea, 9 son del PSOE mientras que 19 son del PP. De quienes pertenecen al Partido Socialista, su actividad se vincula a trabajos esporádicos en algún despacho de abogados que suelen llevar a medias con otras u otros socios o a conferencias y actividades análogas; en total, las cantidades retribuídas no pasan de los 2.000 euros al año ni descienden de los 800 al mes. En el Partido Popular hay casos dentro de los ingresos desorbitados para todos los gustos: Eduardo Zaplana en la era de Terra Mítica o Manuel Pizarro, posiblemente el diputado que más practica el absentismo laboral pero que mantiene una participación en primera línea de gestión en 17 empresas. Como colofón: de las y los diputados que han accedido a publicar sus vínculos con actividades ajenas a la política tan sólo se han limitado a mencionarlos, pero la explicación de los mismos era opcional: sólo un diputado socialista se negó a dar más explicaciones, mientras que los diputados del PP se negaron en bloque.
Y lo digo sin acritud, pero lo digo.