Fue la conclusión que extraje antes de las anteriores Elecciones Generales. Conclusión que ha quedado ratificada tras las jornadas de Igualdad organizadas por JSM en el INJUVE. Parece ser que entre la derecha -no voy a precisar partido concreto, pues señalo más bien a las personas que podrían ser agrupadas en esta tendencia- el hecho de considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres como algo sectorial, está trayendo graves consecuencias en lo que se refiere a la lucha activa y efectiva contra el terrorismo machista. La conclusión que extraje es que la Ley Integral contra la Violencia de Género no falla, no es insuficiente. Ha conseguido algo fundamental: que se empiece a percibir que esto no son hechos aislados sino que cada uno de los sucesos relacionados forman parte de un cáncer con profundas raíces sociológicas y culturales que se manifiesta en prejuicios amparados con más o menos descaro durante no ya décadas o cientos de años, sino desde hace milenios.
Pero es aquí, una vez hecha la ley cuando a TODOS y, repito a todos y a todas, nos toca poner los medios:
-Las ciudadanas y los ciudadanos: no haciendo caso omiso ante este tipo de situaciones, avisando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el momento en que se perciba que se puede estar cometiendo este delito, dar una educación igualitaria a ambos sexos desde el momento preciso del nacimiento y cambiar nuestro propio chip, que nos lleva a trazar un camino diferente en nuestra imaginación para un niño o niña desde los primeros meses del embarazo, cuando se sabe, por fin, el sexo del futuro bebé.
-Admnistración (Fuerzas de Seguridad, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales): gestionando los recursos disponibles para la aplicación de la Ley Integral, creación en el caso de la Policía (como se está haciendo) de unidades y agentes especializadas y especializados en la materia. Aplicación rigurosa de los planes de integración sociolaboral de las víctimas de acuerdo con las medidas aprobadas posteriormente a la entrada en vigor de la Ley. Justicia: destinando jueces especializadas y especializados en la atención, seguimiento y resolución de estos casos, refuerzo de recursos económicos y humanos en aquellos juzgados encargados de llevar los casos de violencia sobre la mujer.
-Los gobiernos: el Gobierno central ha de elaborar una legislación lo más completa que muestre el propósito decidido de acabar con este tipo de delincuencia, así como destinar a ello los recursos que sean de su competencia. Las administraciones autonómicas y municipales: colaborando seria y continuamente con el Gobierno central, de manera directa y transversal en lo que a los distintos ámbitos del marco de acción se refiere, sin necesidad de convenios que, si bien podrían definir y comprometer por escrito a las partes, en un tipo de violencia ejercida sin paliativos y con unos densos a la par que difusos orígenes estructurales acabarían por ser un obstáculo. Sería de esperar, insisto, una colaboración global, abierta, continua y leal.
No obstante, en la Comunidad de Madrid, se observa con pasmo una serie de acciones y detalles que llevan a pensar si el tejido social más conservador se está tomando verdaderamente el serio un problema que va camino de constituir casi un delito de lesa humanidad. Me remito a este área regional porque desconozco los detalles de cómo se encuentra la situación en otras Comunidades Autónomas:
-Ya van, al menos, más de tres veces en las que el autor de estas líneas escucha o lee en los medios de comunicación que el vecindario tenía conocimiento o, al menos, serios indicios de que en un determinado inmueble se estaba produciendo un caso de violencia de género. No obstante, saían declarándolo cuando la mujer había sido asesinada. Por si fuera poco, algunas y algunos echan pestes contra la Ley Integral tachándola de anticonstitucional porque siguen creyendo que este tipo de violencia es puntual, como cualquier otro caso de violencia interpersonal. Además, ciertos medios y grupos se han encargado de dar pábulo al mito de que buena parte, si no la mayoría de las denuncias, son falsas. Esto sí que es rigurosamente falso y es un caso de manipulación interesada, no sé con qué fines, aunque puedo intuir algo. De las 90.000 denuncias por violencia de género presentadas en la Comunidad de Madrid, tan sólo cuatro han sido declaradas como falsas. Hay personas que parecen confundir la denuncia falsa con la falta de pruebas. No es lo mismo. A veces se necesita tiempo para reunir pruebas concluyentes lo que no quiere decir que la acusación sea, necesariamente, irreal
-Casas de acogida regentados por grupos ultracatólicos que, ante cualquier objeción puntual de una de las mujeres refugiadas allí -o no sé si gratuitamente- se dedican a insinuar que si su ex-pareja la maltrataba era porque ella algo había hecho. Jueces destinados en los juzgados de Violencia contra la Mujer que tienen formación nula en la evaluación y seguimiento de los casos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Integral, magistrados que, directamente, muestran evidentes indicios de apatía a la hora de ocuparse de estos casos cuando no una sospechosa predisposición a ponerse en contra de las víctimas, muy posiblemente por contaminación de rancios prejuicios.
-La Comunidad de Madrid había destinado una serie de profesionales de atención psicosocial para evaluar los casos presentados en los juzgados. Resulta que algunos de estos profesionales se han dedicado a hacer labores de “mediación” o lo que es lo mismo: tratar de “persuadir” a la mujer para que retire la denuncia porque tampoco habrá sido para tanto y, de paso, decirle a esa alima… perdón, al “hombretón” de la casa que procure controlarse un poco y respirar hondo. Y, para muestra, un botón: el triple crimen que acabó con la vida de una mujer, de su pareja con la que había comenzado una relación sentimental recientemente y del niño que la mujer habia tenido con su anterior pareja, el maltratador, había sido impensable para los “profesionales” que evaluaron la situación: determinaron que era ella la que se dedicaba a chantajearlo emocionalmente y que, para terminar de hundirlo, le había denunciado por malos tratos. Es decir, el encargado o encargada del informe no tenía la más mínima preparación para identificar un caso flagrante de malos tratos e invirtió los papeles: la maltratada era la maltratadora y el maltratador era un pobre hombre a merced de su pareja. Por si todo ello fuera poco, la Comunidad de Madrid no cree necesario aplicar el teléfono 016 creado por el Ministerio de Igualdad para estos casos. Este teléfono funciona las veinticuatro horas del día y es atendido en diversos idiomas. El 012, número que opera en la Comunidad de Madrid para estos casos en solitario, sólo está disponible de nueve de la mañana a nueve de la noche y es atendido exclusivamente en español. La Consejería de Empleo y Mujer para terminar de coronar su gestión devolvió una partida de más de 200.000 euros al Gobierno central porque no sabía en qué emplearlo cuando su uso se circunscribía a asuntos sociales.
